¿Cae el gobierno de la coca?

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    Cuando el pueblo se moviliz� en diciembre de 2005 para emitir su voto en las urnas y elegir un nuevo gobierno, nunca se imagin� que estaba facilitando la expansi�n del narcotr�fico. Buscando el final de la partidocracia tradicional, ubic� en el gobierno a un grupo de cocaleros decididos a convertir a la hoja “sagrada” en el factor de acumulaci�n econ�mica y eje sobre el cual se producir�a una grav�sima escisi�n nacional.

    Ahora el pueblo boliviano sabe que fue un error y por eso los indicadores de popularidad y aceptaci�n del gobierno caen en picada. Del inicial golpe de imagen que se trat� de exportar al resto del mundo mostrando a un ind�gena en el Poder hasta la verdad que ahora salpica el rostro nacional ensuciado por la coca para la coca�na, han transcurrido solo dos a�os y la verdad aflora descarnada.

   El matutino La Prensa public� el d�a domingo 6 de abril una nota que por s� sola deb�a haber generado una repulsa nacional y un debate serio sobre lo que est� sucediendo en el pa�s. S�lo la reuni�n entre Prefectos e Iglesia pudo bloquear las repercusiones de lo publicado en ella y los medios se perdieron, una vez m�s en lo anecd�tico, para dejar a un lado el fondo de las cosas.

    Quiero insertar lo m�s importante que dijo La Prensa: “Seg�n las estad�sticas nacionales prove�das por la FELCN a la revista, entre 2006 y 2007, m�s de 600 comunidades fueron la “tapadera” empleada por los delincuentes para instalar m�s de 20 mil pozas de maceraci�n y f�bricas de estupefacientes.

    Cochabamba lidera las cifras con 330 pueblos involucrados, 166 de ellos pertenecientes a la provincia Chapare; le siguen Santa Cruz con 119 (Yapacan� concentr� 31 de los casos); La Paz y El Alto con 82 villorios, 21 de �stos eran de la provincia Aroma; la provincia fronteriza de Yacuiba, en Tarija, con 26 aldeas... (m�s informaci�n en la infograf�a de estas p�ginas).

    Los n�meros no toman en cuenta a los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba), regiones donde se presentaron en el �ltimo par de a�os 6.287 casos de este tipo (171 y 6.116, respectivamente), con la destrucci�n de 17 mil pozas y factor�as de producci�n de droga en las cuales estuvieron inmiscuidos provincias, cantones, comunidades, �reas verdes protegidas y de colonizaci�n, sindicatos cocaleros e inmuebles cercanos a las carreteras. A la par, la Fuerza Especial ha determinado que el “encubrimiento rural” hacia el narcotr�fico va de la mano, espec�ficamente, de otro delito: el contrabando”.

    Esta es la base sobre la que descansa el se�or Evo Morales m�ximo dirigente cocalero antes que Presidente de la Rep�blica. Y ese es el gobierno que tenemos ahora. Lo que no sab�amos pero sospech�bamos es que: “Tambi�n hay otras �reas rurales potosinas pr�ximas a Chile que caen en lo mismo”, sentencia Sanabria al retomar lo sucedido en Luzareta y Que�uani.

    No especifica lugares, pero afirma que en otras zonas hay una participaci�n directa o indirecta de los pobladores en la elaboraci�n de pasta base de coca�na, especialmente por la falta de conocimiento de la Ley 1008. “Hay corregidores o jilakatas -contratados por familias- que los azuzan y les ofrecen ingresos extras y mejoras en la infraestructura de las localidades. A cambio, les exigen protecci�n y que no pasen la informaci�n a los agentes de la Fuerza Especial”.
 
    Este rubro intercambia la mercader�a en la frontera. Sanabria revela que los dirigentes o parentelas rurales involucrados llevan la droga hasta los l�mites con Chile y la permutan por dinero o hasta por productos de contrabando, especialmente veh�culos “chutos” (sin papeles de internaci�n o robados en otros pa�ses). Por ejemplo: el kilo de pasta base se cotiza en Bolivia hasta en 1.200 d�lares (2.500 d�lares en Chile) y un coche �ltimo modelo “chuto” que traspasa el territorio chileno cuesta, en promedio, 5.000 d�lares, entonces se trocan cinco kilos del narc�tico por un autom�vil del mismo precio”.

    Si usted nota en la carretera La Paz - Oruro observar� que como nunca se tienen coches de color blanco recorriendo como “taxis” de una comunidad a otra. Uno puede pensar que las remesas enviadas desde Espa�a hacen posible este crecimiento de  los motorizados en el altiplano, pero ahora sabemos la fuente que los hace posibles. Y en el valle cochabambino sucede lo mismo. Estos son los “movimientos sociales” y el resultado de la cooperaci�n intelectual de organizaciones no gubernamentales incrustadas en el Palacio quemado.

    Estamos no cabe duda ante la empresa estatal m�s importante despu�s del gas y que no tiene una contabilizaci�n seria en las cuentas nacionales. Estatal porque cuenta con el apoyo decidido del gobierno para facilitar toda esta tarea al narcotr�fico.

    No es extra�o que desde estos lugares se produzcan movilizaciones mercenarias por instrucciones del gobierno para bloquear el Congreso, avasallar Sucre, bloquear caminos y lo peor para enfrentar el refer�ndum oriental del 4 de mayo. Total es la manera que tienen de pagar la protecci�n de la que gozan.

    Altiplano, valles y el oriente est�n abrazados por los tent�culos del narcotr�fico por eso la resistencia, por ejemplo de Yapacan� y pueblos del norte cruce�o en contra de las autonom�as, la debilidad de Evo Morales es su propia debilidad. Y ahora podemos explicarnos por qu� al gobierno no le interesa la econom�a nacional en su cara legal exportadora y hace caso omiso de la inflaci�n que golpea a las urbes empobrecidas de las ciudades.

    Est� en otra cosa. Est� en el negocio de la coca para la coca�na. Mientras trata de victimizarse ante la comunidad internacional, expande la coca con el escudo protector de la exclusi�n y la discriminaci�n racial. No en vano Evo Morales se mostr� como v�ctima de la censura internacional, en la cumbre de R�o, diciendo que se lo trataba como narcotraficante desde hace mucho tiempo, sin que le puedan probar nada.
  
    Ahora tenemos datos, hechos y lugares, el d�nde, el c�mo y qui�nes lo hacen. �Ser� que podemos mirar al cielo para ignorar lo que sucede en nuestra tierra?