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- 2024-11-29
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LA PAZ
Una comisión interinstitucional se trasladó al trópico cochabambino para verificar denuncias de que los maestros que acataron un paro de la COB fueron expulsados de las comunidades y escuelas en las que viven y trabajand.
Esta comisión, busca determinar supuestos abusos cometidos contra maestros por campesinos de la zona, anunció el Viceministro de Educación Escolarizada, Germán Jiménez, a tiempo de expresar su preocupación por los hechos que habrían ocurrido en días pasados.
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LA PAZ
Una comisión interinstitucional se trasladó al trópico cochabambino para verificar denuncias de que los maestros que acataron un paro de la COB fueron expulsados de las comunidades y escuelas en las que viven y trabajand.
Esta comisión, busca determinar supuestos abusos cometidos contra maestros por campesinos de la zona, anunció el Viceministro de Educación Escolarizada, Germán Jiménez, a tiempo de expresar su preocupación por los hechos que habrían ocurrido en días pasados.
La comisión está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Culturas, Defensoría del Pueblo, de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia. "Allí escucharán a las partes y en función de la investigación se tendrá una salida", dijo.
Según Jiménez, la molestia de los padres de familia en la zona del trópico se debe a la ausencia de los maestros en las fiestas patrias y en particular por las reiteradas interrupciones de las labores educativas.
En todo caso, añadió, el director del Servicio Departamental de Educación de Cochabamba (Seduca) y los directores distritales de educación del sector tienen que elevar una información respecto a los hechos denunciados.
Por otro lado, el Viceministro Jiménez garantizó la participación de los maestros en todos los procesos de institucionalización y que no están vetados por no acatar el paro obligatorio por un tema que no solo preocupa a los maestros sino a todos los bolivianos como es la nueva ley de pensiones.
Precisó que el gobierno respeta el derecho a la protesta, pero a una huelga fundamentada y que no perjudique a niños y jóvenes estudiantes, pues la demanda de una nueva ley de pensiones es de todos los bolivianos y su enriquecimiento es una corresponsabilidad.