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Catalina Botero: Reportar actos criminales de funcionarios no es delito, es noticia




25/04/2015 - 06:58:20
El Nacional.- Catalina Botero ocup� el cargo de Relatora Especial para la Libertad de Expresi�n de la Organizaci�n de Estados Americanos. Estudi� Derecho en la Universidad de los Andes, en Colombia.

Pese a que Botero dej� su cargo como relatora el a�o pasado, en esa ocasi�n revel� a El Mercurio que continuar�a ligada a los derechos humanos.

La abogada se refiri� al caso de los medios de comunicaci�n en Venezuela y la demanda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello contra La Patilla, Tal Cual y El Nacional: "Los diarios venezolanos s�lo replicaron, lo cual la demanda no puede proceder".

� �Qu� consecuencias legales tendr�a el gobierno de Venezuela si se llegara a concretar esta nueva amenaza contra los medios independientes?
� Est� hoy claro que en Venezuela existe una desconfiguraci�n de las garant�as legales para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresi�n. Se manifiesta muy r�pidamente la normativa de la Ley Resorte, existe casi un control absoluto de la radio y la televisi�n, imposici�n de multas, restricciones de papel peri�dico, controlan Internet a trav�s de Cantv, y comienzan a imponer este tipo de demandas dirigidas a personas y directivos a los medios.

Adem�s los pocos medios independientes que ha resistido valientemente tanto acoso por divulgar informaci�n ni siquiera propia sino publicada por medios extranjeros, lo que buscan es instaurar la auto censura dentro de cada medio. Esto es un proceso sistem�tico para asfixiar a los medios en Venezuela.

En este caso en particular, reportar algo sobre un alto funcionario p�blico, es acusado por un ex funcionario de pertenecer a un grupo criminal, no es un delito, es una noticia. En ninguna parte del mundo el reporte fiel es considerado un delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa en Costa Rica es muy similar a esa situaci�n, el diario La Naci�n de dicho pa�s report� de manera fiel de otros diarios europeos, informaci�n de las acusaciones de corrupci�n contra altos funcionarios costarricense y la Cidh protege el reporte del medio en cuesti�n.

En el caso de la demanda al diario El Nacional es preocupante porque dice que los medios deben verificar la veracidad de la informaci�n, y lo que dijo la CIDH es que la informaci�n en veraz. El diario ABC public� lo referente a Diosdado Cabello y los diarios venezolanos s�lo replicaron, lo cual la demanda no puede proceder. Los medios de comunicaci�n no son polic�as por lo tanto ellos no deben estar demostrando nada ya que no son el poder judicial ni moral.

� �Entonces la demanda carece de fundamento legal?
� Totalmente, si esa demanda llegara a prosperar, quiere decir que en Venezuela, no se puede hacer reportajes contra funcionarios p�blicos que est�n inmersos en casos de corrupci�n o a fines, ni siquiera testimonio que certificaran dichas denuncias. Esto es una interpretaci�n errada del derecho penal y ya lo dijo la Cidh bajo la figura de reporte fiel.

� �Cree que se concretar� el cierre de el diario El Nacional?
� Espero que no, El Nacional ha resistido una serie de presiones muy fuertes, como la restricci�n al papel peri�dico, y adem�s son los pocos espacios que oxigenan los debates p�blicos y m�s ahora sobre la denuncias sobre el posible v�nculo de Cabello con el Cartel de los Soles. Si en Venezuela existiera dependencia de los poderes p�blicos y se respetara la Constituci�n pues esa demanda autom�ticamente se rechazara.

� �Cu�l es el miedo del Gobierno de Maduro a la verdad si tienen en su poder la mayor�a de los medios de comunicaci�n?
� Un Gobierno que tenga que acudir a su enorme poder para atacar a los pocos medios independientes, de silenciar el debate p�blico es s�ntoma de la gran fragilidad que tiene el r�gimen de Maduro y que tiene mucho miedo.

Hegemon�a Comunicacional
Botero concluy� que cada vez est� m�s sofocada la libertad de expresi�n en Venezuela, es una manera de ahogar los espacios democr�ticos. Los jueces venezolanos deben entender que deben defender los derechos humanos, como en el caso de la juez Afiuni, es una situaci�n dif�cil pero deben dar la cara por su pa�s. Sino defienden las leyes que juraron defender estar�an siendo responsables de todos estos cr�menes.

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