Alianzas con privados, fórmula para enfrentar crisis carcelaria en Colombia
25/05/2015 - 05:30:20
El Tiempo.- Las Alianzas P�blico Privadas (APP), que han sido decisivas para la ejecuci�n de megaproyectos de infraestructura como las carreteras de cuarta generaci�n, entrar�n a jugar, por primera vez, en la modernizaci�n del sistema penal y carcelario del pa�s.
As� qued� planteado en el nuevo documento Conpes de pol�tica penitenciaria y carcelaria, que prev� inversiones por un bill�n de pesos y una ampliaci�n de capacidad cercana a los 19.000 cupos en los pr�ximos cuatro a�os.
Aunque a�n est�n por definirse cu�les ser�n los t�rminos bajo los que operar�n las APP, ya est�n definidos los dos primeros proyectos de ese tipo: ser�n centros penitenciarios en Popay�n (Cauca) y Barrancabermeja (Santander) que deber�n darle al sistema 7.200 nuevos cupos hacia el 2018.
El retorno de la inversi�n de los privados podr�a darse a trav�s de la concesi�n de la administraci�n de servicios �conexos� como el mantenimiento de la infraestructura, salud y alimentaci�n de los internos, entre otros. En este momento, la manutenci�n anual de un preso en Colombia bordea los 13 millones de pesos en promedio.
�La iniciativa p�blica APP es la opci�n m�s viable para desarrollar proyectos carcelarios�, dice el documento Conpes. En ning�n caso habr� manejo privado de la seguridad en las c�rceles, asunto que seguir� siendo de resorte exclusivo del Inpec.
Lo que se busca es tener nuevas alternativas para superar dificultades estructurales como la insuficiencia de insumos m�dicos quir�rgicos que, seg�n el Conpes se da en 81 de los 137 establecimientos de reclusi�n del orden nacional (Eron), es decir, en el 59 por ciento de estos centros. Adem�s, 73 de ellos reportan un inadecuado suministro de medicamentos y 23 no cuentan con una red prestadora de servicios de salud extramural.
De hecho, las precarias condiciones de salubridad en los centros penitenciarios motivaron el duro pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en un reciente fallo fij� plazos perentorios al Gobierno Nacional para aliviar la situaci�n de varias c�rceles, que calific� de �escabrosa� y que compar� con las mazmorras de la inquisici�n. (Lea: Los estudiantes de Derecho de Los Andes que velan por los presos)
Servicios de tecnolog�a
En una segunda fase, los privados podr�n participar para proveer servicios tecnol�gicos que ser�n clave para hacerle frente a delitos como la extorsi�n que se efect�a desde las c�rceles.
De acuerdo con cifras del Departamento de Planeaci�n Nacional, el 53 por ciento de las extorsiones en el pa�s ocurre desde los centros penitenciarios, y solo 12 de los 137 Eron tienen inhibidores de se�al. El a�o pasado, la Polic�a incaut� 20.000 tel�fonos celulares y 22.000 tarjetas SIM dentro de los centros de reclusi�n.
El Conpes prev� que se instalen 28 inhibidores de se�al antes de que finalice este a�o y tener esta tecnolog�a en todos los Eron del pa�s para el a�o 2018; proyectos en los que podr�n participar privados, seg�n qued� establecido en el documento.
Adem�s, las autoridades tienen previsto ampliar las salas de audiencias virtuales, pues de las 645 que se requieren hay 88 funcionando. Seg�n c�lculos del DNP las 557 salas que hacen falta permitir�an un ahorro de 65.000 millones de pesos en cuatro a�os, pues el traslado de cada interno para asistir a una diligencia por fuera del centro penitenciario cuesta cerca de 3 millones de pesos.
El componente para infraestructura tecnol�gica tendr� un presupuesto aproximado, seg�n el Conpes, de 123.564 millones de pesos. Esto incluye proyectos para reforzar y centralizar los sistemas de informaci�n de modo que tambi�n contengan datos de los centros de reclusi�n de la fuerza p�blica y resuelva el hecho de que el 40 por ciento de los instrumentos de vigilancia electr�nica son obsoletos. Estas deficiencias tecnol�gicas, seg�n el Conpes, �facilitan la comisi�n de delitos dentro de los Eron�.
Resocializaci�n
La participaci�n de los privados en los proyectos de resocializaci�n ser� definitiva. El Conpes propone una hoja de ruta para disminuir las tasas de reincidencia de los internos en delitos intramurales, que el a�o pasado registr� una tasa de 11,9 por ciento sobre un total de 160.000 internos.
El desarrollo de proyectos productivos innovadores, de la mano de la empresa privada, tendr�, seg�n el documento, �doble beneficio�. Por un lado, genera un efecto positivo en la resocializaci�n de los reclusos y, por el otro, disminuye los requerimientos de inversi�n que el Estado debe realizar para llevar a cabo estas iniciativas.
Pero fuera de los privados, el documento busca mayor participaci�n de los entes territoriales especialmente en asuntos que tienen que ver con la detenci�n preventiva.
De acuerdo con el Conpes, parte del problema de hacinamiento obedece al incumplimiento de alcald�as y gobernaciones de crear y dirigir las c�rceles para las personas detenidas preventivamente.
De las 118.066 personas privadas de la libertad que est�n a cargo del Inpec, el 36 por ciento son sindicados, esto �permite inferir que si las entidades territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les imponen la obligaci�n de atender a la poblaci�n sindicada, se tendr�a un impacto positivo en los �ndices de sobrepoblaci�n penitenciaria�.
