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Marihela Valdez: No pensé que decir la verdad iba a dañarme




21/10/2018 - 07:14:24
Página Siete.- El 22 de septiembre de 2017, la subgerente regional de operaciones del Banco Unión, Marihela Valdez, denunció el millonario desfalco de Juan Pari a la entidad estatal. Nueve días después, la ejecutiva era detenida junto con otras dos funcionarias -Carmen Vargas y Zulma Siñani- que también alertaron sobre el delito. “No hay justicia, ha pasado un año y seguimos presas siendo inocentes”, reclaman.

El 27 de septiembre de 2017 salió a la luz el mayor desfalco financiero de la historia de Bolivia: Juan Franz Pari, entonces jefe de Operaciones de la Agencia de Batallas del Banco Unión, había logrado robar 37,6 millones de bolivianos. Días después, la subgerente Valdez -que descubrió y denunció el ilícito- fue recluida de forma preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.

Mide 1,77 metros y en 12 meses de reclusión ha perdido 22 kilos. La depresión le ha pintado canas en el pelo y su rostro es reflejo de las enfermedades que merman rápidamente su salud.

“Cuando me trajeron estaba en shock. No entendía qué estaba pasando. Considero que con Carmen y Zulma (otras dos detenidas por el mismo caso) somos mujeres profesionales, trabajadoras, que queríamos salir adelante para dar ejemplo a nuestros hijos. En ningún momento, cuando denunciamos el robo, pensé que esto iba a pasar. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que decir la verdad, ser honesta, podía causar tanto dolor y sufrimiento”, dice Valdez.

Marihela presentó la denuncia del robo el 22 de septiembre, cinco días antes de que la unidad de auditoría interna del banco emitiera un informe que prácticamente era copia de la denuncia que ella hizo. De inmediato fue suspendida de sus labores debido a la investigación, según le dijeron.

Conforme avanzaba el proceso y crecía el escándalo, vio cómo sus compañeros eran apresados. Sin pensarlo dos veces, Valdez mandó un memorial al Ministerio Público para brindar su declaración voluntaria. Nunca obtuvo respuesta. La mañana del 31 de octubre fue aprehendida en su casa.

“En más de 20 años de trabajo en el Banco Unión, jamás pensé que me iban a hacer esto. En ese tiempo manejé grandes cantidades de dinero en documentación y cuentas. Nunca vi el dinero más que como un instrumento que formaba parte de mi labor. Siempre fui honesta”, dice.

Como interna nueva en el penal, la primera de muchas noches durmió en el suelo. Tuvo que “ganar” la antigüedad que le diera derecho a un colchón primero y luego a un catre. En algún momento tuvo que buscar un espacio debajo de la cama de otra reclusa. Y se enfermó.

Pese a su cada vez más deteriorada salud, en el COF ha tenido que esperar horas para hacer uso de uno de los 10 baños que comparten 400 reclusas. Aunque padece de asma y rinitis crónica tuvo que andar en chancletas -prueba obligatoria para toda recién llegada al penal- por tres meses y en época de lluvias.
La audiencia de cesación de detención de Marihela Valdez, el viernes.
Foto: Twitter Juan Carlos Arana

Desde 2017, Marihela Valdez solicita su detención domiciliaria debido a su mal estado de salud. Finalmente, el viernes un juez le otorgó arresto domiciliario y el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió que se haga una investigación de su caso.

Los informes médicos -incluidos los del centro penitenciario- son claros. Señalan que Marihela padece diabetes, artritis reumatoide, asma, rinitis, osteopenia, soriasis, colon irritable y reflujo gástrico entre otras enfermedades. Además se suma un cuadro de depresión y estrés que agrava las dolencias. Advierten que de no recibir cuidados especiales “la paciente puede colapsar”.

“Desde que me trajeron, hace un año, no encuentro justicia. Sé que no han encontrado nada porque me acusan de un delito que no he cometido. No tengo nada más de lo que tenía antes del robo salvo mi salud deteriorada. Soy víctima de tortura psicológica”, asegura.

La jueza titular del caso, Claudia Castro -quien desobedeció dos acciones de libertad- tenía baja médica. La parte acusadora apeló la determinación.

Denuncian ilegalidades en las audiencias

El pasado martes 9 de octubre la jueza Claudia Castro interrumpió por tres días la audiencia de cesación de detención de Marihela Valdez, denuncia su abogado defensor Jhony Zeballos.

El jurista presentó una acción de libertad por la que el Juzgado Tercero de Sentencia instruyó la reinstalación inmediata de la audiencia. La orden fue incumplida hasta el viernes 12 de octubre.

Ese día, la jueza Castro rechazó el pedido de detención domiciliaria de Valdez sin tomar en cuenta el cuadro clínico de la acusada. La defensa presentó una segunda acción de libertad, cuya audiencia fue el sábado 13 de octubre en el COF de Obrajes. El Juzgado Noveno de Sentencia ordenó a Castro anular la resolución que rechazaba las medidas sustitutivas debido a la deteriorada salud de Valdez.

“En lugar de eso, de forma ilegal, el domingo trasladó a mi clienta para audiencia que no fue notificada”, dijo Zeballos.

“A nadie le importa que nos hayan hundido injustamente en la cárcel”
Pari fue llevado a Chonchocoro donde guarda detención.
Foto: Archivo

“Ha pasado un año y a nadie le importa que nos hayan hundido aquí adentro, ni cómo estamos. Nosotras hemos denunciado el desfalco y nos han apresado. Pero te digo una cosa: si estuviera en la misma situación, lo haría otra vez”, afirma Carmen Vargas, exjefa de Agencias del Banco Unión. Ella fue la funcionaria que halló las irregularidades en los movimientos financieros de Juan Pari y hoy está presa por denunciarlo.

Tiene 44 años y una familia a la que extraña mucho. Sus dos hijas, de 12 y cuatro años de edad, sólo la ven un par de horas, una vez a la semana. Ha sido así desde septiembre de 2017. “De un día para otro me han traído a la cárcel por algo que no he hecho. Parece que vivo una película de terror”, manifiesta.

En el control aleatorio de movimientos bancarios del último cuatrimestre de 2017, Vargas detectó que faltaban dos boletas de los egresos de la agencia regentada por Pari. Intrigada, informó a la subgerente Regional, Marihela Valdez, sobre la irregularidad e inició una investigación.

Encontró que los egresos correspondían a una cuenta designada a los cajeros automáticos de Batallas. Lo grave es que en esa localidad nunca hubo cajeros automáticos.

“Yo vengo una familia muy sencilla y humilde pero con valores muy grandes. Mi papá me ha enseñado que todo dinero que lleve a mi casa debe ser bien habido. Por eso cuando revisé la documentación y encontré las irregularidades no me podía callar”, asegura Carmen.

Cuando informó el caso a Marihela Valdez, juntas decidieron hacer la denuncia. A los pocos días la oficina de Recursos Humanos del banco llamó a Vargas para comunicarle que estaba suspendida de su trabajo. Durante el mes que duró la medida continuó presentando la documentación que se pedía.

Carmen y Marihela pudieron ayudar a investigar y llegar al fondo del escándalo que estaba en la mira de todo el país. Sin embargo, fueron alejadas de la entidad financiera y coimputadas por los delitos de incumplimiento de funciones. Auditoría Interna nunca dio respuesta por qué no halló el desfalco millonario. Las investigaciones judiciales del caso no avanzan.

Carmen ingresó al COF de Obrajes bajo la mirada inquisitoria de las internas. “Ellas son las que han robado”, eran los murmullos que escuchó al ingresar al recinto penitenciario.

Vargas reclama que a un año del destape del desfalco a nadie le interesa el caso ni los inocentes detenidos. Recluida en el COF ha visto el abandono en el que están las mujeres y niños de los centros penitenciarios. “No le importamos a nadie”, lamenta.

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