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- 2024-12-20
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Aprovechando una visita a la Región de Antofagasta, el 3 de agosto, el presidente Gabriel Boric, en compañía de los ministros de Medio Ambiente, Transportes y de Energía, participaron de la ceremonia de entrega de la hoja de ruta para el avance de la Electromovilidad en Chile.
La idea es alcanzar la meta de convertirse en un país carbono-neutral para el año 2050, adoptando medidas como asegurar el despliegue de cargadores públicos en centros urbanos, y que en rutas interurbanas los puntos de recarga no se distancien más de 100 kilómetros. A eso se suma la incorporación de 1.000 buses eléctricos nuevos al sistema de transporte público RED, más la integración de otras máquinas similares en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Concepción y Copiapó.
Pero resulta que la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación, no por la hoja de ruta para el avance de la Electromovilidad, sino por algo que sucedió al final de la ceremonia.
Azuzado por la emoción, Boric se subió al vehículo de transporte de pasajeros y, tras recibir unas cuantas indicaciones, condujo el bus, de marca King Long, por unos cuantos metros en la explanada del estadio Calvo y Bascuñán, donde se realizó la ceremonia.
Exceso de emoción
Hasta ahí, ningún problema. Excepto porque días después un abogado de la ciudad de Temuco, llamado Sergio Díaz, denunció al mandatario por haber conducido el bus sin poseer la licencia de conducir profesional que lo habilite para tal práctica, lo que está sancionado por la ley de Tránsito de Chile.
“Por lo tanto, pido a US tener por interpuesta denuncia criminal por el delito de conducción de vehículo sin poseer licencia de conducir profesional, previsto y sancionado en el artículo 194 de la Ley de Tránsito, atribuyéndole al denunciado don Gabriel Boric Font, la calidad de autor y en grado de consumado”, dice la denuncia.
Por cierto, no solo hay fotos, sino que además hay videos en que se ve al mandatario chileno conducir el vehículo a través de un muy corto trayecto.
Según radio ADN, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, se hizo cargo de la investigación y ordenó las primeras diligencias para determinar si lo que hizo el presidente constituye un delito, y envió una copia al Consejo de Defensa del Estado.