Acuerdo Gobierno y empresarios suspende aplicación de la disposición contra el agio mientras sigue el diálogo

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La disposición séptima de lucha contra el agio y la especulación del Presupuesto solo se aplicará cuando sea reglamentada, y la demanda de derogación de la norma debe estar dirigida al Legislativo, establecieron el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó de los acuerdos alcanzados con la dirigencia del empresariado en una reunión realizada en la ciudad de La Paz.

“Hemos tenido una importante reunión con la Confederación de Empresarios Privados. Hemos acordado tres temas muy importantes que tiene que saber la población y sobre todo los sectores que observan esta disposición séptima”, explicó.

El primer acuerdo aclaró que “la derogación que los empresarios solicitan de esta disposición” no está en manos del Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa. “Así que tiene que ser muy clara la solicitud o la posición que pongan estos sectores que observan esta disposición séptima”, consideró.

El segundo punto del acuerdo está relacionado a que, mientras no haya una reglamentación de la disposición séptima no puede ser aplicada, “por lo tanto, no hay porqué tener una susceptibilidad o porqué, en este momento, calentar el ambiente”.

El último punto prevé que los empresarios deben plantear un cronograma, para continuar las reuniones sobre la disposición séptima, que busca luchar contra el agio y la especulación.

“Queremos seguir coordinando para que podamos ver las fechas adecuadas, sobre todo el planteamiento de ellos. Queremos estar abiertos, que ellos vayan planteando las fechas, y no seguir desgastándonos”, consideró Flores.

Por su lado, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, confirmó que se acordó suspender la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va aplicar en tanto que el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo para solucionar los temas de especulación, contrabando, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, dijo.