Arce dice que el Gobierno no presiona la aprobación de los contratos del litio

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“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”, publicó en sus redes sociales el presidente Luis Arce.

El mandatario recordó que, en 2021, el Gobierno nacional asumió con “gran responsabilidad” el desafío de la industrialización del litio boliviano. Para ello, convocó a las empresas más prestigiosas del mundo y recibió un interés sin precedentes de más de 21 compañías internacionales.

“Fruto de este esfuerzo, entre 2023 y 2024, logramos firmar 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos de diversas nacionalidades”, enfatizó la autoridad.

Remarcó que estos convenios sentaron las bases para la firma de 2 contratos “sumamente favorables para Bolivia” en 2024, garantizando la soberanía sobre este recurso natural estratégico y la participación mayoritaria del país en toda la cadena productiva y de comercialización.

“Como manda la ley, en 2024 presentamos dichos contratos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, el que fue aplazado hasta febrero de 2025 para llevar a cabo su respectiva socialización”, puntualizó.

Según los datos oficiales, en septiembre de 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para producir 14.000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio), con una inversión superior a los $us 970 millones.

Luego, en noviembre de ese año, YLB y la empresa china Hong Kong CBC suscribieron otro contrato para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.

Actualmente, ambos contratos se encuentran en la ALP para su respectiva aprobación; sin embargo, en las sesiones para el tratamiento de los mismos, asambleístas evistas y de oposición los rechazan.