Alcaldes salientes dicen que dejan alcaldías con crisis económicas por los recortes que impuso el Gobierno

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El Deber.- Los alcaldes salientes de siete ciudades del país emitieron un comunicado en el que piden que el Gobierno suspenda los recortes presupuestarios realizados a través de tres leyes y tres decretos aprobados durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. Indican que estas normas “cercenaron” los recursos de los municipios y está llevando a ellos, como ediles salientes, a pasar la posta a los alcaldes  electos, de comunas “con enormes problemas económicos”.

El pronunciamiento fue suscrito por los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa; de La Paz, Luis Revilla; de Cochabamba, Iván Tellería; de Trinidad, Mario Suárez; de Tarija, Alfonso Lema; de El Alto, Soledad Chapetón; y de Sucre, Rosario López.

El documento señala que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), y en especial las alcaldías “sufrimos grandes recortes de recursos destinados en muchos casos a cubrir funciones que no nos corresponden, siento que el Gobierno central, y de manera unilateral, afectó esos recursos para cubrir obligaciones del Estado central, cercenando nuestros recursos”.

Advierte que los alcaldes que terminan funciones conocen la difícil situación financiera que sus sucesores desde el 3 de mayo deberán enfrentar.

Esa situación fue planteada a las autoridades del Gobierno central “que deberían de manera inmediata crear un fondo para la atención del déficit de transferencias; dejar sin efecto de manera transitoria el límite de gasto de funcionamiento; revisar el sistema tributario de las alcaldías; derogar el artículo 11 de la Ley 767 de exploración de hidrocarburos, revisar los “aportes” que hacen los municipios a través del descuento del IDH para la renta dignidad, fondo cívico, seguridad ciudadana, bono a personas con discapacidad.

Sugiere también el cumplimiento del Gobierno central en el pago de sueldos a personal de atención de salud en centros de primer y de segundo nivel, así como respetar las competencias en la prestación de servicios estratégicos suprimiendo intervenciones irregulares como la que ocurre en la Epsas de La Paz y El Alto.

Las normas

Primero el Decreto 29400, del 29 de diciembre de 2007, dispuso que el Fondo de Renta Universal de Vejez sea financiado por el 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las (entonces) prefecturas, municipios, Fondo Indígena y TGN, a partir del 1 de enero de 2008.

Posteriormente, el Decreto 859, del 29 de abril de 2011, creó el Fondo de Educación Cívico Patriótica financiado con un 0,2% de los gobiernos departamentales, municipales y universidades.

Mediante la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana Para una vida segura, del 31 de julio de 2012, se dispuso el uso del 10% de los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) en seguridad ciudadana, disponiendo inversiones municipales con destino a infraestructura, vehículos, equipamiento y otros en favor de la Policía, y eso también afectó a las alcaldías.

El 11 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera. El artículo 11 de esa norma creó un fondo financiado con el 12 % del IDH, antes de que éste sea distribuido a municipios, gobernaciones y universidades y otros.

A través del Decreto 3437, del 20 de diciembre de 2017, el Gobierno dispuso que el pago del bono mensual para las personas con discapacidad se haga con cargo al presupuesto anual de los Gobiernos Municipales.

“Consideramos importante hacer conocer a la ciudadanía y a las autoridades municipales recientemente electas, la compleja situación financiera” por la que pasan todos los gobiernos municipales de Bolivia.

Además de eso, indican que, a partir de 2015-2016, por efecto de la baja de los precios internacionales del petróleo y otras políticas públicas aplicadas desde el Gobierno central, se inició una sostenida afectación a las economías locales.

Aclaran que las gobernaciones y municipios, ante esto, centraron la esperanza en el pacto fiscal como mandato de la Ley 031 de Autonomías y descentralización. Consideran que ésta sería la única que enfrente y subsane los desequilibrios horizontales y verticales que impiden a las alcaldías cumplir con el nuevo catálogo de competencias establecido en la Constitución.

Pero, aunque el pacto fiscal nunca se negoció, la ley autonómica implicó más pérdidas, porque desde la reestructuración de los niveles de atención de salud solamente es competencia de los Gobiernos Municipales dotar de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel, siendo estricta responsabilidad del Gobierno Central la gestión y financiamiento de los recursos humanos.

Sin embargo, ante un constante incumplimiento del Gobierno central en la dotación y financiamiento de personal para los establecimientos de salud, los gobiernos municipales han tenido que destinar recursos de forma anual y creciente para la contratación del personal de salud y no dejar en indefensión de salud a la población.

Esta situación que se presenta cada gestión, se ha convertido en una deuda histórica del Gobierno Central con los Gobiernos Municipales, siendo que en casos como el de Santa Cruz de la Sierra, se destina cerca de 30 millones de bolivianos por mes para cubrir sueldos y salarios de los médicos y personal de salud o La Paz donde se destina más de 80 millones anuales para el personal solo de los hospitales municipales de segundo nivel.

Reacciones

Los equipos de transición del alcalde electo por Santa Cruz, Jhonny Fernández, y de La Paz, Iván Arias, confirmaron por separado que como está la situación, es imposible empezar una gestión con obras, porque se reciben municipios totalmente endeudados.

Ambas alcaldías tienen al menos 9 mil empleados. La comuna cruceña debe Bs 1.000 millones. Iván Arias comenzará su gestión con un déficit de Bs 500 millones.

La Alcaldía de La Paz gasta alrededor de Bs 50 millones al mes en sueldos. En Santa Cruz, la gestión de Fernández trabajará en la restricción y austeridad del gasto corriente, que actualmente bordea los Bs 533 millones y se pretende reducir al menos Bs 100 millones de dicha cifra, de acuerdo al reporte de Centellas.

En estos gastos entran los salarios de los funcionarios públicos. En ambos casos, la primera medida será la racionalización de personal. Es decir, despidos.