Ven que el MAS aprueba leyes para que el Gobierno tenga control total del país

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El Deber.- Un paquete de cinco leyes, en su mayoría económicas, se instaló en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y rápida aprobación. Expertos y políticos opositores observan que las medidas no están dirigidas a reactivar la economía del país, sino que el Gobierno se ampara en una supuesta lucha contra el terrorismo para buscar el control total del Estado. Desde el MAS descartan que se avance hacia el totalitarismo, aducen que son parte del programa del presidente Luis Arce.

Dos de esos proyectos de leyes fueron aprobados en las últimas semanas. El viernes 17 de septiembre la mayoría masista en la Cámara de Diputados votó en favor de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas o no Convencionales. Cinco días después, la Cámara Baja aprobó la Ley de “Registro de Comercio”, que otorgará al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la potestad de crear una entidad que cumpla las funciones que están a cargo de Fundempresa.

Además, dentro de la propuesta de reforma judicial se prevé la creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, que asumirá las funciones que cumple la oficina de Derechos Reales, dependiente del Órgano Judicial.

Ganancias ilícitas

A decir del diputado Omar Yujra, del MAS, con la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas se pretende modernizar el sistema de fiscalización para evitar que el dinero proveniente del contrabando, del narcotráfico y de la corrupción ingrese al sistema bancario; además, el país cumple con los estándares internacionales de combate al terrorismo.

“No entendemos por qué la susceptibilidad de la oposición. No se busca perseguir a nadie ni duplicar competencias”, afirmó Yujra.

La preocupación de empresarios y opositores se sustenta en que el artículo de la referida ley concede 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y a la Fiscalía para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de financiamiento al terrorismo.

Asimismo, el artículo 31 de la misma ley contempla que en casos de pesquisas de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público, con el apoyo de los investigadores policiales, podrá, entre otras acciones: acceder a toda documentación e información física o informática, realizar búsquedas de personas, allanar lugares específicos, identificar personas que controlan cuentas, rastrear bienes sin previo aviso al titular, y “todo acto necesario para la obtención de medios probatorios”.

“Con esta norma se pretende establecer que todos aquellos que sean investigados sean considerados culpables. Al establecer en la ley que a solicitud de la UIF no está sujeta a control ni del fiscal o de un juez, simplemente es actuar a criterio y procedimiento de los investigadores y que este actuar no esté sujeto a ningún tipo de control de autoridad jurisdiccional”, dijo el abogado Ramiro Carrillo.

Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) también expresaron su preocupación. El gerente general de Caneb, Marcelo Olguín, dijo: “Este sector se maneja el 100% dentro de la formalidad, se somete a normas de bancarización y otros elementos, pero de todas maneras entendemos que hay preocupación por algunos aspectos que podrían vulnerar algunos derechos”.

La ley señala, entre varios aspectos, que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comerciales, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales u otros, cuando la UIF pida información dentro de sus atribuciones. Este aspecto generó protestas de sectores de la prensa, de los abogados y otros que resultarán afectados en sus derechos constitucionales.

Registro de empresas

Otra iniciativa en observación es la Ley 298, que establece que el Registro de Comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ya que la concesión de Fundempresa termina este mes de septiembre. El expresidente de Fundempresa, Rolando Schrupp, dijo que el acceso y manejo a la información de las empresas está resguardado con la mayor seguridad y responsabilidad, donde la Autoridad de Empresas interviene para fiscalizar.

El proyecto de ley, aprobado en Diputados, consta de un solo artículo que establece que el registro de comercio pasa a tuición del Gobierno. También tiene dos disposiciones transitorias que anticipan un decreto reglamentario que establezca la creación de una nueva entidad para llevar adelante el servicio, y la segunda que se refiere al desarrollo de actividades de Fundempresa hasta la conclusión de la transición.

El diputado Yujra afirmó que la aprobación de la ley no arriesga el trabajo de las empresas. “Uno de los errores que cometió el gobierno anterior (de Jeanine Áñez), fue precisamente, a través de un Decreto Supremo intentar ampliar la concesión por 15 años, esto no era posible porque la concesión estaba en una ley, y esa ley es la que estamos cambiando para que el servicio de registro de las empresas pase al Estado”.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, indicó que Fundempresa es un pilar fundamental en la formalización de la empresa, permitiendo al usuario realizar trámites con eficiencia, facilitación y digitalización.

“Como sector empresarial nos preocupa que un modelo exitoso de gestión tenga que concluir con su trabajo, aún más en momentos de pandemia y esfuerzos para reactivar la economía”, dijo.

Al respecto, el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, consideró que esta normativa afectará a los empresarios y pidió que los cocaleros registren sus ventas en mercados legales.

“El ministro de Economía (Marcelo Montenegro), ¿les va a decir a los empresarios de este país que no pueden manejar su Registro de Comercio porque son privados? Vaya y dígale lo mismo a los cocaleros, que no pueden manejar el registro de las ventas legales de coca porque son privados, y comience con Sacaba. Lo que en realidad están haciendo con esta ley, junto con la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, es un Estado policiaco y totalitario, como lo hemos advertido”, afirmó.

El diputado opositor mencionó que el Gobierno aplica leyes controladoras “camufladas” en supuestos buenos propósitos, como ocurrió con la Ley de Emergencia Sanitaria, que no menciona la lucha contra el covid, pero sí criminaliza las protestas, confisca recursos de los gobiernos subnacionales y permite la contratación de personal médico extranjero.

Otras intenciones que puso en alerta es la posibilidad de que Derechos Reales pase a dominio del Ministerio de Justicia. “De ocurrir el traspaso significará menos ingresos para el Órgano Judicial; además que el Gobierno tendrá información sobre todos los bienes y puede utilizar esos datos con otros fines”, afirmó el exmagistrado José Antonio Rivera.