Sanear el Padrón Electoral, demanda urgente para los nuevos vocales del TSE

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encuentra en la fase final de selección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes serán elegidos en los próximos días. El principal mandato que emerge desde diversos sectores políticos y de la sociedad civil para las nuevas autoridades electorales es el saneamiento profundo y la posible renovación tecnológica del padrón electoral, una demanda histórica que se ha reavivado con fuerza.

Actualmente, el padrón electoral boliviano, que se consolidó con más de 7,9 millones de habilitados para las elecciones generales de agosto de 2025 y se proyecta a superar los 8,1 millones para las subnacionales, es un registro biométrico que data de 2009. 

Desde su implementación, el OEP ha realizado procesos de actualización de datos y depuración de personas fallecidas, pero no una "renovación total" o una auditoría integral e independiente que satisfaga las demandas de transparencia que hacía la oposición.

La Ley Transitoria de selección de vocales (Ley 1701), que rige el actual proceso de designación, ya establece un mandato claro: los nuevos vocales tienen un plazo de dos años para realizar un nuevo padrón electoral. Esta disposición legal responde a la presión de varios actores que consideran vital "sanear" el registro para restaurar la confianza pública en los procesos electorales.

Sectores de la oposición y plataformas ciudadanas han insistido reiteradamente en la necesidad de una auditoría internacional, argumentando que el padrón actual no ofrece las garantías suficientes de integridad. Pese a que el TSE saliente anunció auditorías con universidades y partidos en 2024, estas no concluyeron en un consenso generalizado.

El desafío para los vocales entrantes, cuya elección se espera antes del 19 de diciembre, será monumental. Deberán definir el alcance de esta "renovación": si implica un registro masivo de todos los ciudadanos desde cero —una operación que requeriría una inversión superior a los 120 millones de dólares— o si se centrarán en modernizar la plataforma tecnológica y realizar un saneamiento riguroso de inconsistencias. La transparencia y la capacidad técnica de los perfiles elegidos serán puestas a prueba de inmediato con esta tarea crucial para la democracia boliviana.