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- 2026-02-15
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El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto, afirmó que los funcionarios de turno tenían la obligación autónoma de revisar el equipaje sospechoso. Según la autoridad, no era necesaria una orden superior para intervenir las 31 maletas vinculadas a la exdiputada Laura Rojas.
Soto de la Vía se escudó en el Reglamento del Viajero para señalar que los servidores públicos omitieron sus funciones de control de divisas. La autoridad enfatizó que poseer un pasaporte diplomático no exime a nadie de la revisión obligatoria en frontera.
La justicia ya determinó detención preventiva para tres exservidores públicos implicados en este caso de uso indebido de influencias. Los sindicados operaban en el aeropuerto cuando aterrizó el vuelo privado que desató el escándalo de seguridad.
La investigación de esta mafia de las maletas se sustenta en audios y conversaciones filtradas que comprometen el operativo del 29 de noviembre. El Ministerio Público busca determinar si el contenido del cargamento constituye un daño irreversible al Estado.
Aunque inicialmente se investigaba a cinco personas, solo tres fueron enviadas a la cárcel mientras los demás gozan de libertad condicional. La defensa de los detenidos sugiere que existen altos mandos que dieron luz verde al ingreso irregular.
El fiscal Gomer Padilla confirmó que las diligencias se ampliarán para identificar a los verdaderos cerebros detrás del cargamento. La presión social crece ante la falta de claridad sobre qué contenían exactamente esos envíos sospechosos en la terminal aérea.
El Gobierno intenta cerrar filas responsabilizando a la cadena de mando operativa, mientras la opinión pública cuestiona la vulnerabilidad de los controles estatales. El caso sigue abierto y amenaza con salpicar a esferas más altas del poder político.
El Dato de Cierre: Si el reglamento obliga a revisar a todos, ¿por qué el sistema de control se "apagó" justo cuando aterrizó el avión de la exdiputada?
