Gobierno amarrado a Vitol para asegurar carburantes

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La crisis de calidad en los combustibles ha tomado un giro inesperado que deja en evidencia la fragilidad del sistema estatal. Tras anunciar la suspensión de proveedores, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reculó y firmó una adenda con Vitol, admitiendo implícitamente que la normativa boliviana vigente no es suficiente para garantizar un producto digno.

Este retroceso estratégico se encuentra hoy ...bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde se advierte que el Ejecutivo no puede prescindir de estos proveedores sin arriesgar un desabastecimiento total en vísperas de feriado.

En el comunicado oficial, la estatal reconoce que la nueva adenda "establece límites más estrictos en los parámetros de gomas y manganeso", y subraya que estos nuevos topes "superan los requisitos de la norma boliviana vigente". Esta frase es una confesión: durante años se permitió el ingreso de basura técnica porque la ley nacional así lo permitía.

La contradicción se agrava con la postura de Trafigura, empresa que refutó al Gobierno asegurando que sus contratos siguen en pie y que "no recibió ninguna queja ni reclamación de YPFB en relación con la calidad del producto". Este choque de versiones deja al Ministerio de Hidrocarburos en una posición de debilidad absoluta frente a las transnacionales.

Pese a las denuncias de motores arruinados, YPFB sostiene que con esta firma "los contratos principales se mantienen en plena vigencia". Es decir, el discurso de la "expulsión" de los proveedores señalados quedó en la nada ante la cruda realidad de la dependencia energética del país.

Desde La Mesa de Análisis se identifica que el Gobierno ha preferido "parchar" el contrato antes que enfrentar una crisis de suministro. El ajuste busca, según el texto, "mejorar la calidad del combustible que se distribuye en el país y proteger los motores de los vehículos", una medida que llega tarde para miles de transportistas afectados.

El Dato de Cierre: YPFB admitió que la adenda es necesaria para "responder a las demandas ciudadanas", confirmando que la fiscalización previa fue un fracaso absoluto.