- Destacadas
- 2026-05-27
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
La soberanía nacional se defiende con la ley en la mano ante cualquier intento de desestabilización extranjera. El director nacional de Migración, Eddy Ordoñez, confirmó que el Estado activó los mecanismos legales correspondientes contra la parlamentaria de Buenos Aires, Mercedes Trimarchi, por vulnerar de forma flagrante su estatus migratorio en el país.
El aparato estatal rompió el silencio institucional y, en declaraciones a Erbol, la autoridad de control migratorio sentenció que “ella como una ciudadana y peor como una autoridad extranjera no puede inmiscuirse a sus internos en nuestro país, como ningún ciudadano boliviano puede ir a la Argentina o algún otro país, peor si es autoridad, para hacer la intromisión”.
El director oficial explicó detalladamente ante el citado medio de comunicación que se recurrió formalmente a la Cancillería con el objetivo central de solicitar las explicaciones jurídicas e institucionales de por qué la mencionada legisladora de izquierda está ejecutando una intromisión directa en los asuntos que competen estrictamente al Estado boliviano.
🛑 Falta grave: El Gobierno catalogó las acciones de la parlamentaria de izquierda como un acto de intromisión directa en asuntos internos.
⚠️ Estatus vulnerado: La legisladora extranjera ingresó a territorio nacional con visa de turista, prohibida para actividades de proselitismo político.
🌐 Canales diplomáticos: El Ministerio de Relaciones Exteriores ya fue activado formalmente para exigir las aclaraciones institucionales correspondientes sobre el caso.
💸 Impacto en las calles: La agitación ocurre en el epicentro de las protestas que impiden el normal suministro de carburantes y alimentos.
Los reportes oficiales confirmaron que la legisladora de Buenos Aires usó su estadía para participar activamente en un cabildo radical en la zona de Senkata y en un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), alentando de forma pública los bloqueos de rutas que asfixian la economía de las familias bolivianas.
La normativa vigente en el país establece de manera clara que la intromisión en asuntos políticos internos por parte de ciudadanos extranjeros constituye una infracción administrativa severa. Ordoñez detalló textualmente que “Tenemos que notificar primero a la diputada sobre las acciones que se está realizando y, evidentemente, la intromisión en los asuntos enteros de nuestro país es una falta grave”.
La indignación social crece en las calles de La Paz y El Alto ante la pasividad inicial de las oficinas de control fronterizo, considerando que la activista foránea ingresó con fines recreativos y terminó manipulando el descontento popular. Los sectores productivos exigen que la determinación legal derive en una inmediata aprehensión y expulsión del territorio nacional para sentar un precedente definitivo.
Las leyes migratorias bolivianas establecen parámetros de cumplimiento obligatorio que sancionan penal y administrativamente cualquier intromisión política que intente desestabilizar la paz social en medio de un contexto de desabastecimiento. La opinión pública y los gremios del autotransporte presionan para que los trámites diplomáticos no dilaten el cumplimiento del ordenamiento jurídico constitucional.
El Dato de Cierre es que el artículo 38 de la Ley de Migración faculta al Estado boliviano a la salida obligatoria y prohibición de reingreso para extranjeros que atenten contra la seguridad del Estado o promuevan alteraciones del orden público.
