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- 2026-05-29
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El Movimiento Cívico Nacional concluyó un encuentro clave en la capital del departamento de Santa Cruz con una postura contundente frente a las movilizaciones que asfixian al país. Los líderes de las distintas regiones del Estado exigieron frenar los cortes de rutas tras registrarse más de cuatro semanas consecutivas de conflictos y medidas de presión en las carreteras nacionales.
El pronunciamiento oficial, leído de forma pública por el anfitrión del encuentro y presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, apunta a la destrucción del aparato productivo. El bloque cívico demandó de forma expresa que las autoridades gesten normativas específicas para frenar el estrangulamiento económico que sufre la población.
La resolución nacional exige la aprobación de dos normativas específicas de forma inmediata: la ley antibloqueos y la ley de resarcimiento económico. Las organizaciones regionales demandan que estas dos leyes avancen de forma paralela en la Asamblea Legislativa para frenar la impunidad de los promotores de las huelgas radicales.
La primera norma exigida por los dirigentes es la ley antibloqueos, una iniciativa legal diseñada para frenar la asfixia de las regiones. El Movimiento Cívico planteó que en esta normativa se tipifiquen los cortes de rutas directamente como un delito contra la seguridad nacional, impidiendo que estas acciones queden sin sanción penal.
🏛️ DOS LEYES CLAVE: Exigen la aprobación inmediata de la ley antibloqueos y la ley de resarcimiento económico.
💰 SANCIONAR EL DAÑO: La norma de resarcimiento obligará a los culpables a pagar los destrozos en la infraestructura.
⚖️ CAPTURA DE MORALES: Emplazan a la Fiscalía y a la Policía a ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente.
🚨 SEGURIDAD NACIONAL: Demandan que cortar el tránsito en las rutas sea tipificado penalmente como un delito de Estado.
La segunda iniciativa planteada en la resolución es la ley de resarcimiento económico para obligar a reparar los daños patrimoniales. Esta propuesta normativa busca forzar legalmente a los responsables de las movilizaciones a pagar con sus propios recursos los perjuicios provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura departamental.
Stello Cochamanidis ratificó que, bajo este nuevo esquema legal, quien atente contra el sustento de los ciudadanos deberá asumir la responsabilidad financiera de sus actos. Los cívicos argumentan que no se puede tolerar que los promotores de la violencia destruyan la economía nacional sin pagar un solo centavo por las pérdidas millonarias.
La cumbre ciudadana también centró sus demandas en las determinaciones emitidas por la vía judicial ordinaria que hasta la fecha no han sido ejecutadas en el país. En ese sentido, los dirigentes exigieron al Ministerio Público y a la Policía Boliviana dar cumplimiento estricto y sin dilataciones a la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales.
El liderazgo civil nacional señaló de forma abierta a Morales como uno de los principales impulsores de las movilizaciones radicales que buscan desestabilizar la paz social. El pronunciamiento advierte que las medidas de presión ejercidas en el área rural tienen el objetivo político directo de exigir de forma inconstitucional la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las delegaciones departamentales demandaron de forma enérgica al Ministerio de Gobierno que ejerza el principio de autoridad constitucional ante la ola de conflictos. Los cívicos lamentaron que la inacción estatal se traduzca actualmente en desabastecimiento de insumos básicos, episodios recurrentes de violencia y un freno absoluto al aparato productivo.
Los representantes cívicos reiteraron su pedido para garantizar la libre transitabilidad, restablecer el orden público y preservar la democracia frente a la alta conflictividad. El sector advirtió que el daño acumulado en este último mes ha golpeado de muerte a la cadena logística de las regiones, por lo que se requiere la vigencia inmediata de ambas leyes.
El Dato de Cierre: El Movimiento Cívico Nacional fijó una línea dura inamovible al exigir la captura de Evo Morales y la creación de la ley antibloqueos en conjunto con la ley de resarcimiento económico, estableciendo que quien atente contra el sustento del boliviano debe asumir de forma obligatoria la responsabilidad legal y financiera de sus actos.
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