Empresas chatarra dejarán de percibir 3.800 millones de bolivianos

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El Gobierno nacional ha tomado una decisión drástica para contener la sangría de recursos públicos: un recorte de 3.800 millones de bolivianos en el PGE 2026, afectando a empresas estatales ineficientes denominadas chatarra. Esta medida marca el fin del grifo abierto del TGN hacia entidades que fueron sostenidas artificialmente mediante transferencias que nunca retornaron rentabilidad.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que el objetivo es reducir el déficit fiscal del 19% al 9%. Esta estrategia pone contra la pared a empresas estatales que acumulaban pasivos, terrenos subutilizados y maquinaria obsoleta sin generar un solo centavo de utilidad para el país.

Este recorte no debe verse como un ajuste contable, sino como un reconocimiento tardío del fracaso del modelo estatal. El Estado no puede seguir financiando sus propios fracasos con dinero que debería destinarse a salud, educación o infraestructura que considera urgente poner fin al deterioro de activos estatales.

El director de la OFEP, Pablo Camacho, confirmó que 15 empresas están en quiebra técnica y en proceso de diagnóstico.
Entre las observaciones clave, se encuentran:

• 📉 Pérdidas acumuladas: Más de 1.027 millones de bolivianos en la última gestión.

• 📋 Fallas administrativas: Auditorías arrastradas de hace más de dos años.

• 🚫 Inviabilidad comercial: Tecnologías sobreestimadas como el caso de la planta de papas.

• 🏚️ Pasivos críticos: Deudas, terrenos abandonados y vehículos deteriorados.

El debate se centra en la transparencia de la liquidación, un proceso que requiere el aval de la Asamblea Legislativa. El desafío central para el Ejecutivo no es solo cerrar la puerta, sino cómo administrar los activos —maquinarias, terrenos y vehículos— para recuperar algo de los millones enterrados.

La famosa planta de papas fritas es el ejemplo paradigmático de este despilfarro: tecnología innecesaria y mercados inexistentes. El Gobierno advierte que, de ahora en adelante, cada empresa pública deberá demostrar viabilidad o enfrentar la transformación o el cierre absoluto, terminando con la era de la subvención a la ineficiencia.

Esta política de austeridad también contempla recortes en gastos operativos y administrativos que antes eran utilizados como feudos de colocación de personal. La meta es liberar recursos para sanear el Estado, priorizando la estabilidad macroeconómica por encima de los intereses sindicales o políticos que protegían a estas firmas.

Mientras la Asamblea Legislativa se apresta a debatir el proyecto de ley para autorizar las liquidaciones, el sector productivo espera señales claras de que esta vez el cierre sea real. El mercado ya no tolera que el Estado compita de forma desleal con recursos que deberían estar destinados a la reactivación real del aparato productivo.

La reestructuración, fusión o cierre de las 15 empresas será la primera prueba de fuego para la voluntad política del Ejecutivo. El éxito de esta operación dependerá enteramente de la capacidad técnica para liquidar sin que los activos se pierdan en el camino, garantizando que el dinero recupere su valor.

El dato de cierre: Las 15 empresas en la mira, incluyendo a San Buenaventura y Karachipampa, han costado al país más de 1.027 millones de bolivianos en pérdidas directas solo en la pasada gestión.

 

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