La AJAM está en la indigencia operativa para fiscalizar la actividad minera

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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera se encuentra en la indigencia operativa para fiscalizar la actividad minera en todo el territorio nacional, lo que limita de forma directa su accionar institucional para frenar el avance de la explotación ilegal. Esta crítica carencia de recursos financieros, técnicos y de personal fue confirmada oficialmente por la propia entidad estatal tras registrarse graves escenarios de violencia civil armada en las riberas del área rural paceña.

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera informó el 23 de agosto de 2026 en un comunicado que coordina acciones con la Policía Boliviana y el Ministerio Público tras los violentos hechos registrados en inmediaciones del río Boopi, en el municipio de La Asunta de los Yungas de La Paz. "La Autoridad considera importante señalar que las limitaciones presupuestarias, logísticas y de recursos humanos constituyen uno de los principales desafíos para el control y fiscalización de posibles actividades mineras ilegales", detalló el comunicado oficial emitido por la institución pública.

El núcleo del conflicto real expone cómo el Estado boliviano es incapaz de sentar soberanía económica sobre sus propios recursos naturales estratégicos. La entidad encargada de resguardar las reservas auríferas y minerales del país ha quedado reducida a un rol meramente administrativo y simbólico, cediendo el control territorial de las cuencas hidrográficas a organizaciones operativas civiles fuertemente armadas.

📌 LIMITACIONES OPERATIVAS Y VIOLENCIA TERRITORIAL EN EL RÍO BOOPI

• 🚘 3 vehículos institucionales componen la totalidad de la flota de transporte disponible para atender denuncias en todo el territorio de Bolivia.
• 🛑 8 personas heridas con severas lesiones en la cabeza y el rostro es el saldo humano dejado por los recientes enfrentamientos armados en el área rural.
• 📦 15 vehículos de carga pesada fueron retenidos por los comunarios movilizados y posteriormente entregados a las autoridades de la Alcaldía de La Asunta.
• 📅 23 de agosto de 2026 es la fecha oficial en la que la entidad minera estatal reconoció públicamente su incapacidad logística mediante un documento institucional.

La presidenta del Concejo Municipal de La Asunta, Alicia Quispe, cuestionó duramente el silencio administrativo de la entidad fiscalizadora ante las reiteradas solicitudes de informes previos. Los habitantes de las riberas del río Boopi denunciaron de forma unánime que las operaciones no reguladas provocan un daño ambiental irreversible y el desvío peligroso de las aguas en la región.El cabildo de los pobladores locales determinó confiscar la maquinaria pesada de los cooperativistas mineros y exigir la presencia inmediata de ministerios del sector para frenar los atropellos. La institución estatal se limitó a señalar que comunicará oportunamente los resultados oficiales de las investigaciones interinstitucionales que se logren ejecutar en las zonas de riesgo.

El Dato de Cierre: La carencia absoluta de herramientas de control estatal deja las cuencas auríferas yungueñas bajo la ley del más fuerte.

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