Rastrearán bienes y criptoactivos de denunciados por corrupción

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El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó la activación del Decreto Supremo 5706 que faculta a su despacho a ejecutar el rastreo patrimonial e incautación de bienes a personas denunciadas por delitos de corrupción, con el objetivo central de recuperar los recursos desviados del Estado.

La norma fue oficializada en conferencia de prensa este martes, estableciendo una coordinación directa con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para rastrear capitales y cuentas en el territorio nacional y el exterior.

La medida elimina la dependencia que tenían las unidades de transparencia respecto a los ejecutivos de cada entidad pública, buscando cortar la protección interna hacia exfuncionarios e investigaciones paralizadas.

📌 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐙𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 𝐘 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒

⚠️ EL HECHO: Transparencia rastreará el patrimonio de todo ciudadano con denuncias por corrupción.

⚖️ LA CLAVE: El Decreto Supremo 5706 otorga independencia a los fiscalizadores estatales.

💣 EL TRASFONDO: Investigan desvíos en Unasur y planillas fantasmas en el control de carburantes.

📉 EL IMPACTO: Se gestionará la repatriación de dinero invertido en criptoactivos e inmuebles.

Las autoridades identificaron movimientos sospechosos de dinero hacia el extranjero mediante la adquisición de bienes a través de activos digitales. Bolivia busca incorporarse a convenios internacionales de cooperación financiera para congelar dichas cuentas.

Entre los procesos prioritarios se encuentra la denuncia por la construcción de Unasur, obra que representa un daño de Bs 504 millones. El Estado considera esta infraestructura como un gasto ocioso que debe ser resarcido por los responsables.

De igual forma, la fiscalización abarca la gestión de carburantes en la Agencia Nacional de Hidrocarburos durante 2024. Se investiga a más de 420 funcionarios que costaban Bs 60 millones sin cumplir sus labores.

El viceministerio asumió el compromiso de impulsar el cobro efectivo de los montos defraudados ante el sistema judicial. El Dato de Cierre: El Estado busca recuperar más de Bs 564 millones solo en los casos prioritarios de Unasur y la ANH.