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- 2026-10-01
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El Consejo de la Magistratura ejecutó este miércoles una intervención formal al despacho de la jueza Livia Alarcón en Santa Cruz de la Sierra para someter sus fallos a un proceso de auditoría técnica. La actuación institucional fue confirmada por el encargado distrital de la entidad, Emilio Arredondo Cacho.
El operativo responde a la circulación de una grabación donde se observa un vehículo motorizado en las inmediaciones del inmueble que ocupaba el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, investigado por tráfico de sustancias controladas, en el barrio Las Palmas. La comisión de fiscalización verifica la titularidad del coche para determinar la presencia de la autoridad en dicho sitio.
La inspección se desarrolló mientras la jueza participaba en una audiencia pública, con la presencia de personal de la Unidad de Transparencia.
📌 CLAVES DETERMINANTES DEL HECHO
⚠️ EL HECHO: Comisiones técnicas del Consejo de la Magistratura ingresaron al juzgado para incautar la documentación de las causas tramitadas.
⚖️ LA CLAVE: La auditoría se concentra en dos expedientes judiciales completos, con un volumen reportado de al menos 26 cuerpos procesales.
💣 EL TRASFONDO: La jueza registra una resolución de destitución previa cuya aplicación se halla frenada por una acción de amparo constitucional en Sucre.
📉 EL IMPACTO: El juzgamiento de delincuencia organizada queda expuesto a dudas institucionales por la vigencia de magistrados cuestionados.
Durante el despliegue administrativo, Arredondo explicó que el equipo jurídico analiza la posible presentación de una denuncia penal formal ante el Ministerio Público una vez evaluados los cuadernillos.
El auxiliar del juzgado comunicó a los fiscalizadores la imposibilidad de sostener la entrevista inicial debido al desarrollo de los actos orales programados en esa jornada.
Las autoridades de control permanecen en las instalaciones a la espera del cierre de la agenda judicial para asegurar los expedientes correspondientes.
El Dato de Cierre: El Consejo de la Magistratura aguarda un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional para viabilizar la destitución dictada años atrás.
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