Hermana de Marset se libró de la cárcel en España gracias a fiscales bolivianos

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Una resolución de sobreseimiento emitida por fiscales bolivianos anuló la orden de captura internacional y libró de la extradición a Jimena Marset Cabrera, hermana del capo narcotraficante Sebastián Marset. La acción de impunidad gestionada desde el Ministerio Público permitió su inmediata liberación tras ser aprehendida en Madrid por la Policía de España e Interpol.

“Hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor de Katherin Marset Cabrera”, confirmó la jueza Livia Alarcón para aclarar que la decisión no salió del Órgano Judicial. Tras el operativo en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, la defensa presentó ante las autoridades europeas la notificación oficial enviada desde Bolivia donde se certificaba que “había sido beneficiada con un sobreseimiento fiscal y que ya no pesaba sobre ella la requisitoria internacional”.

El caso destapa la red de encubrimiento y corrupción instaurada en las comisiones de fiscales asignadas a las investigaciones del entorno de Marset. Pese a estar imputada formalmente por narcotráfico y asociación delictuosa, la hermana del prófugo fue limpiada de culpa de manera reservada.

📌 CONOCE LAS CLAVES Y CAUSAS DEL HECHO:

⚠️ EL HECHO: La Fiscalía boliviana libró de culpas a la hermana de Sebastián Marset para frenar su extradición en España.

⚖️ LA CLAVE: El Órgano Judicial confirmó que la liberación fue orden directa de una resolución fiscal y no del tribunal.

💣 EL TRASFONDO: Funcionarios del Ministerio Público maniobraron en reserva para anular el sello rojo de Interpol y garantizar su impunidad.

📉 EL IMPACTO: La corrupción en la administración de justicia desacredita a Bolivia ante los organismos internacionales de persecución penal.

Las revelaciones surgen en medio de auditorías internas para identificar a los operadores del Ministerio Público que favorecieron al entorno familiar del clan uruguayo. Las actuaciones irregulares permitieron el cese del sello rojo de Interpol justo cuando la acusada se encontraba bajo custodia de la justicia española.

La crisis de credibilidad golpea nuevamente a las instituciones de persecución penal por el favorecimiento explícito a investigados por crimen organizado. Las autoridades competentes analizan activar procesos penales por prevaricato e incumplimiento de deberes contra los fiscales involucrados en el dictamen.

El sobreseimiento garantizó la impunidad de la procesada mientras el principal cabecilla permanece prófugo de la justicia internacional.