Investigan a jueza por sistemático blindaje a casos de impacto nacional

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El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia confirmó la apertura de una investigación formal contra la jueza Ana Gloria Rojas por presuntas actuaciones irregulares cometidas en el ejercicio de sus funciones en el departamento de Santa Cruz.

El viceministro Yamil García detalló que la medida se fundamenta en la suspensión de la audiencia de medidas cautelares del exalcalde Jhonny Fernández, procesado por la presunta malversación de aproximadamente 191 millones de bolivianos que estaban consignados para 17 obras públicas, decisión que paralizó la definición de medidas cautelares por un daño económico de alta cuantía.

La revisión de antecedentes efectuada por el Gobierno nacional reveló un patrón recurrente de resoluciones judiciales que favorecieron a procesados de alto impacto, además de la existencia de procesos disciplinarios congelados en la Magistratura que no registraron avances ni sanciones durante la última gestión.

📌 REGISTRO TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN ESTATAL:

⚠️ 191 millones de bolivianos es la cuantía económica bajo juzgamiento en la causa municipal de Santa Cruz.

⚖️ 17 proyectos de infraestructura urbana se encuentran comprometidos en el expediente cautelar.

💣 2022 corresponde a la fecha del fallo que concedió cesación preventiva a Diego Marset.

📉 3 causas disciplinarias por faltas graves permanecen sin resolución en el Consejo de la Magistratura.

El reporte oficial señala que en 2022 la autoridad judicial otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de Diego Marset, hermano del uruguayo Sebastián Marset, quien había sido aprehendido en el país portando documentación de identidad falsa a nombre de Gerardo Pedro Ferreira.

Asimismo, los antecedentes procesales documentan que en 2019 la misma jueza benefició con detención domiciliaria y fianzas económicas a Giovanka Fernández y Adriana Méndez, integrantes del entorno de Pedro Montenegro, quienes enfrentaban cargos por asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación.

El Viceministerio de Transparencia ratificó que la verificación de obrados continuará de forma exhaustiva sobre el juzgado a fin de determinar responsabilidades administrativas y penales por las dilaciones registradas en causas que afectan el patrimonio del Estado.

Las autoridades gubernamentales mantienen la revisión de obrados en los tribunales cruceños para establecer las sanciones correspondientes.