El Poder Judicial boliviano se repartió y paseó en los lujos del crimen organizado

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Las denuncias vertidas en Chuquisaca por los juristas Arturo Yáñez y Edgar Arraya destaparon un escándalo institucional que salpica al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General, tras constatar la circulación de vehículos de alta gama secuestrados al crimen organizado. La flota asignada a autoridades judiciales pertenecía al entorno del narcotraficante Sebastián Marset y fue utilizada para desplazamientos privados en Sucre.

La apropiación informal de los bienes incautados revela la erosión del sistema judicial, donde las altas autoridades operan con los recursos del crimen organizado sin rendir cuentas a la población. Los registros documentales confirman que los vehículos alemanes no contaban con resoluciones administrativas de asignación ni de la Dirección de Bienes Incautados.

DATOS TÉCNICOS DEL EXPEDIENTE DE BIENES:

⚠️ La comitiva judicial empleó motorizados BMW Serie 8 Coupé y vagonetas X7 valoradas entre 150.000 y 200.000 dólares.

⚖️ Informes de estaciones de servicio registran abastecimientos de carburantes facturados a nombre del Ministerio Público.

💣 Informaciones del Colegio de Abogados de Chuquisaca identifican al menos seis motorizados de lujo en poder de fiscales y jueces.

📉 La Fiscalía General del Estado abrió una investigación formal por el delito de uso indebido de bienes públicos.

El uso de los motorizados por parte de exautoridades del Ministerio Público y magistrados provocó el rechazo de los abogados del foro local, quienes cuestionaron el origen de los recursos para sostener dichos lujos. Ninguna autoridad del TSJ emitió descargos oficiales sobre los permisos de ingreso de los vehículos a los estacionamientos reservados de la plaza 25 de Mayo.

La revelación del caso obligó a la restitución apresurada de varios motorizados hacia la ciudad de Santa Cruz luego de que se hicieran públicas las fotografías en medios de comunicación. La Fiscalía General advirtió que sancionará a los funcionarios involucrados si no se demuestra la existencia de minutas de depósito formal.

La utilización privada de los bienes secuestrados al narcotráfico consolida la pérdida de credibilidad en la administración de justicia del país.