Persecución a Saucedo provoca choque de poderes entre el TSJ y la Fiscalía

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La persecución vía ordinaria contra Romer Saucedo ha desatado un abierto choque de poderes entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, luego de que la máxima magistratura frenara en seco a los fiscales advirtiendo que un magistrado no puede ser procesado como un ciudadano común, sino mediante un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa.

Es así que la presidenta en ejercicio del TSJ, Rosmery Ruiz, salió a cuestionar abiertamente el procedimiento penal activado por la Fiscalía por delitos de narcotráfico y organización criminal. La magistrada sostuvo que el organismo acusador debe fundamentar jurídicamente por qué decidió ignorar el fuero especial de la autoridad electa.

La representación del alto tribunal remarcó que la Sala Plena carece de atribuciones para remover de su cargo a un magistrado elegido por voto popular. Explicó que esa potestad recae de forma exclusiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando se configuren las causales de juicio político y penal.

CONFLICTO JURISDICCIONAL Y JUICIO DE PRIVILEGIO

⚠️ La presidencia del TSJ exigió que la Fiscalía fundamente jurídicamente por qué investiga a un magistrado por la vía ordinaria.

⚖️ La autoridad judicial aclaró que la remoción de un magistrado electo por voto popular corresponde a la Asamblea Legislativa.

💣 El tribunal deslindó responsabilidad previa al declarar que desconocía las indagaciones de la Fiscalía contra la autoridad.

📉 La Sala Plena ratificó que mantendrá la presunción de inocencia y que colaborará con los requerimientos legales sin obstaculizar.

Desde la cúpula judicial argumentaron que los magistrados desconocían las indagaciones abiertas contra Saucedo y que tomaron conocimiento del caso por la prensa debido al sigilo dispuesto por los fiscales. Ruiz insistió en que la fecha de los presuntos delitos determinará si el proceso corresponde a la justicia ordinaria o al fuero parlamentario.

El tribunal judicial sostuvo que colaborará con todos los requerimientos sin obstaculizar el trabajo del Ministerio Público, aunque exigió garantías al debido proceso. La magistratura reiteró que se respetará la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El Tribunal Supremo de Justicia aguarda que la Fiscalía aclare el marco temporal de las acusaciones para exigir la remisión del caso al Poder Legislativo.