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- 2026-11-07
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El vicepresidente del Estado en ejercicio, Edmand Lara, presentó un Recurso Directo de Nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra el presidente del Senado, Diego Ávila, por haber asumido de forma ilegal la conducción de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la sesión de clausura. En el memorial ratificado en Sucre, Lara demanda la nulidad absoluta de todos los actos ejecutados el 6 de noviembre de 2026, argumentando que se consumó una usurpación de funciones al no existir una suplencia legalmente habilitada.
El detonante de la crisis constitucional se produjo cuando Lara decidió suspender y abandonar la sesión de la plenaria tras constatar la falta de quórum y criticar la impuntualidad de los asambleístas. Su retiro fue utilizado por el bloque dominante para marginar al segundo mandatario de sus competencias específicas, permitiendo que Diego Ávila tomara el control del hemiciclo sin que se realizara una verificación formal de asistencia por medio de las secretarías de ambas cámaras.
La resistencia de Lara ante lo que considera un atropello político busca derribar la validez de la clausura de la legislatura. Aunque el pleno de la Asamblea intentó blindar la actuación de Ávila aprobando una resolución por más de dos tercios de los votos, el vicepresidente sostiene que dicha maniobra vulnera la jerarquía constitucional y los reglamentos internos, los cuales no contemplan el desplazamiento automático del titular por ausencias de minutos.
El debate jurídico se traslada ahora a los estrados del TCP, donde se solicitó como medida cautelar la suspensión inmediata de los efectos de la polémica sesión. La defensa de Lara insiste en que las resoluciones aprobadas bajo la dirección de Ávila carecen de competencia legal de origen, lo que pone bajo sospecha todas las normativas y trámites aprobados durante los últimos instantes de la plenaria legislativa.
Por su parte, los legisladores alineados con la Presidencia del Senado justificaron la continuidad de la sesión aplicando de forma forzada el artículo 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La pulseta política deja al descubierto el nivel de fractura y marginamiento que enfrenta el vicepresidente en ejercicio, atrapado en una red de alianzas parlamentarias que operan para restarle influencia en las decisiones estratégicas del Estado.
GUERRA POR EL CONTROL DEL PODER LEGISLATIVO
⚠️ El vicepresidente Edmand Lara suspendió la sesión de forma legítima ante el ausentismo y la impuntualidad de los legisladores.
⚖️ El presidente del Senado Diego Ávila tomó la conducción de la plenaria sin esperar una habilitación formal de suplencia legal.
💣 La Asamblea Legislativa aprobó una polémica resolución de dos tercios para blindar a Ávila y evitar procesos por usurpación.
📉 El recurso ante el TCP exige como medida cautelar la suspensión inmediata de todas las actuaciones ejecutadas en esa sesión.
El parlamentario Manolo Rojas había advertido en pleno debate sobre la inminencia de esta demanda constitucional por usurpación de funciones. Para contener el impacto legal, el bloque de Ávila apuró la votación de respaldo, pero la presentación efectiva del recurso demuestra que la estrategia de contención interna no bastó para frenar la respuesta jurídica de la Vicepresidencia.
Los pasillos del Legisaltivo se mantienen en vilo ante el impacto que tendrá el fallo de los magistrados del Tribunal Constitucional. De confirmarse la nulidad demandada por Lara, el Legislativo se enfrentaría a un vacío operativo sin precedentes, obligando a reinstalar las plenarias bajo la dirección del titular legítimo y profundizando la parálisis política.
La opinión pública asiste a un espectáculo de degradación institucional donde las leyes se interpretan a conveniencia de los grupos de poder. El marginamiento del vicepresidente refleja que la disputa interna ya no se libra con votos ni consensos, sino mediante golpes de mano en la testera y recursos de emergencia en los tribunales del país.
El desenlace de este conflicto definirá el equilibrio de fuerzas dentro del aparato estatal de cara al próximo ciclo legislativo. La demanda de Lara se planta como el último dique de contención frente a una estructura parlamentaria decidida a gobernar obviando las jerarquías constitucionales vigentes.
El marginamiento político del vicepresidente en ejercicio y la posterior toma de la testera por el presidente del Senado activan una crisis institucional que ahora está en manos del Tribunal Constitucional.
