Nuevos juicios de responsabilidades

Y junto con ellos se enjuicia a la política económica que tuvo la virtud de insertar la economía nacional al resto del mundo. ¿Fue la capitalización una medida de corte neoliberal, si tomamos en cuenta el hecho de que el Estado estuvo presente como accionista con el 49 por ciento de las acciones? Estado y sector privado decidieron unir fuerzas para desarrollar una política hidrocarburífera seria y consistente. Este proceso no fue todo lo acertado que hubiéramos querido que sea, tuvo sus sombras, y para ellas debía producirse la luz reveladora de reformas que tenían que hacerse en un proceso cuidadoso para no fracturar la credibilidad del Estado y afianzar sus intereses.

El problema del gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, fue que nunca supo que hacer, si retroceder en el proceso de la capitalización o proseguirlo, recordemos que tanto él como el General Banzer, pensaban que estaban en la década de los setenta, y se quejaban de que el Estado ya no tenía el Poder de antes y no se podían resolver los pedidos y exigencias de Evo Morales y Felipe Quispe como desearían. Eran tiempos en los que el precio de las materias primas, minerales y petróleo apenas cubrían costos, tiempos en los que la inversión que llegó durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada sentía que no había compromiso para respetar las reglas de juego y eso demoraba sus decisiones de expansión, aunque es cierto que los socios estratégicos procuraban tener el menor control Estatal posible.

Por eso no me extraña que el ex Presidente Quiroga en vez de plantar cara en el juicio sobre los efectos que tuvo la capitalización para la economía nacional, (cuyo impulso duró para que el actual gobierno pueda aún hacer uso del piloto automático y planear) y  demandar a sus acusadores, por haber destruido una política consistente y seria al punto de colocar a Bolivia en la triste situación energética en la que se encuentra, se dedique a defenderse tratando de demostrar si hubo o no daño económico en inversiones de riesgo como es el gas y petróleo, en zonas donde se encontró agua en vez de gas, como si eso explicara la intención del gobierno que no es otra que tratar de demostrar que lo hecho fue un desastre para el interés nacional y que lo que hacen ahora es lo correcto.

¿Cuál es la acusación? La firma de contratos para explorar y explotar el gas y petróleo. ¿No es lo que actualmente sucede? No es que las empresas petroleras son las que invierten y luego reciben la devolución de esa inversión más sus gastos, incluso sus fiestas, que los anteriores contratos no contemplaban? Si vamos a hablar de daño económico al Estado, entonces la Asamblea debía enjuiciar a quienes de exportadores de gas nos han convertido en importadores de sus derivados y no a quienes impulsaron las inversiones.

Estamos en el mundo del revés y los que vienen destrozando la economía, convirtiendo a Bolivia en un extenso campo para las actividades del narcotráfico, se creen jueces y dueños de la verdad y del principio. Acusan para distraer la atención de un pueblo que no ve resultados en el proceso de cambio, que mira cómo cien bolivianos que antes alcanzaban para cubrir media canasta familiar hoy día, compra menos de la cuarta parte.

Y lo gracioso del juicio que se le hace a Gonzalo Sánchez de Lozada, es que el único efecto real que tiene, se traduce en la confirmación más clara de que todo es una simplona persecución política, lo que equivale a blindarlo más de lo que está.

Acusarlo de haber firmado contratos que consiguieron expandir la exploración y explotación gasífera, por quienes han terminado con las inversiones en ese sentido, al punto de que los contratos actualmente firmados con Brasil y Argentina no tienen garantía por ser la oferta menor a la demanda, es para cualquier juez con dos dedos de frente una afrenta al sentido común.