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En Bolivia, el artculo 6 de la Ley del ejercicio de la abogaca, actualmente en vigencia (Ley N 387 de fecha 9 de julio de 2013) obliga al profesional abogado al registro y matriculacin ante el Ministerio de Justicia para poder ejercer la profesin. En otras palabras, sin eso, ningn abogado puede trabajar en el pas.
Cabe mencionar que en la Alemania Nazi, quien no estaba registrado a la organizacin poltica dominante prcticamente no poda trabajar sumado a ello existan los trabajos forzados y la esclavitud.
De igual forma, el Ministerio de Justicia es un rgano poltico, forma parte del Poder Ejecutivo (es decir, pertenece al gobierno de turno que fuese), por lo tanto, es un total abuso de poder el obligar a un profesional abogado a registrarse ante dicho rgano poltico para estar habilitado y pueda trabajar en el pas. Ese dominio absoluto constituye un total despropsito que busca aniquilar la institucionalidad y debilitar enormemente el control social hacia el poder poltico.
Recordemos que el ciudadano, mediante resistencia civil, tuvo que romper las ataduras de la dictadura del anterior gobierno, llegando a demostrarse entre muchos otros factores ms, el importante rol que cumplen las instituciones cvicas y civiles en el pas, como por ejemplo, el Comit Cvico y el Colegio de Abogados de Santa Cruz en la acciones en contra del tramposo Tribunal Supremo Electoral, quien buscando beneficiar y rendir pleitesa al poder poltico que se encontraba para entonces de turno, cometi el fraude ms vergonzoso de la historia de Bolivia y fue gracias a las acciones legales iniciadas desde la institucionalidad civil, que aquellos delincuentes actualmente se encuentran procesados penalmente.
Por lo tanto, ya no debemos estar en tiempos de dominacin y opresin donde el control social deba estar restringido, limitado, sujeto y sometido al poder poltico.
Esta absurda obligatoriedad no es otra cosa que una muestra de aquel dominio poltico que restringe libertades individuales y limita a las instituciones civiles del pas, destruyndola descaradamente.
Con todo ello, urge una pronta reforma a la Ley del ejercicio de la abogaca, ya no debe ni puede seguir siendo manejada la profesin a travs de un rgano poltico.
Es justo y necesario recobrar y fortificar la institucionalidad de los Colegios de Abogados y su vigencia en el quehacer jurdico nacional, en defensa del profesional abogado y en la proteccin de las libertades individuales y la sociedad.
ste como muchos otros asuntos ms que afectan al fortalecimiento y calidad institucional, son parte de la discusin pendiente en la agenda de la Reforma Judicial que con urgencia se debe realizar en nuestro pas.