La normalización de la incoherencia ética

El delito ha mostrado su rostro más tenebroso donde menos debería: dentro de la administración de justicia. La Fiscalía General del Estado, máximo órgano del Ministerio Público, atraviesa una crisis sin precedentes. Su titular enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con redes de protección al narcotráfico, reportes sobre la revocatoria de su visa por Estados Unidos, destitución y detención preventiva. De forma interina ha asumido el Dr. Urioste hasta una nueva elección congresal, y ha solicitado a los nueve fiscales departamentales poner sus cargos a disposición.
Más allá de los nombres, que deberá esclarecer la justicia, el hecho revela algo más profundo y más grave que un caso.

Hay espacios donde la incoherencia no solo se tolera, se normaliza. La justicia boliviana es uno de ellos. Allí el soborno se volvió estrategia para conseguir un favor, acelerar un trámite o evitar una sanción. El pago oculto para torcer una decisión se llama "habilidad profesional". Y la transgresión intencionada de los principios del derecho se disfraza de pragmatismo.

Lo grave no es que ocurra. Lo grave es que deje de sorprender.

Cuando la falta de integridad no tiene consecuencias, el carácter pierde valor público. Se admira al astuto e ingenioso para conseguir un fin, aunque sea deshonesto; se justifica al corrupto si resulta eficaz. La ética se convierte entonces en un accesorio opcional.

El problema no es solo del que miente; es de quien aplaude. Cada vez que premiamos la falta de verdad porque nos conviene, erosionamos nuestra propia dignidad.

No se trata de ideologías. Se trata de coherencia básica.

La sociedad boliviana critica la corrupción en voz alta, pero muchas veces la tolera en silencio si le beneficia. Exige honestidad en lo pequeño y relativiza lo grande. Esa doble vara es la que sostiene sistemas enfermos.

La integridad no depende del cargo que se ostente. No hay profesión que justifique la mentira y la corrupción como norma. Cuando aceptamos que el fin justifica los medios, sacrificamos el carácter en nombre de la conveniencia.

El juicio social es selectivo. Señala a unos y protege a otros. Pero la conciencia individual no debería funcionar así. Si sabemos que algo está mal, no debemos convertirlo en correcto solo porque viene de alguien con poder o porque nos beneficia.

Al final, la dignidad y el verdadero respeto no se imponen ni se compran; se ganan con coherencia sostenida. Cuando una sociedad aprende a distinguir entre fama y honor, entre poder y rectitud, empieza a recuperar algo más valioso que cualquier victoria: la dignidad social. Ese valor intrínseco que posee todo ciudadano por el solo hecho de serlo.

La pregunta que queda es incómoda y necesaria: ¿están los abogados traicionando, abandonando u olvidando su núcleo de valores fundamentales? Ese es el desafío para quienes conducen y representan a los ciudadanos. La distancia entre lo que se predica y lo que se hace ha generado una percepción extendida de incoherencia. Muchos colaboradores sienten que los valores son “declaraciones elegantes” y no “pistas de acción”.