Ley autonómica para blindar el cordón ecológico y proteger el pulmón verde

Cuando la furia del río Piraí desborde sobre los cimientos de una Santa Cruz ciega y cómplice, ya no habrá tiempo para lamentar las 44 hectáreas de bosque que los loteadores destruyeron con total impunidad. Mientras el accionar de las autoridades se vuelve lento y cansino, el escudo que nos protege de la catástrofe se desmorona a machetazos.

Sin embargo, Santa Cruz de la Sierra sabe de batallas urbanas. Cuando la especulación y el afán loteador amenazaron los predios del tradicional Mercado Mutualista, la respuesta institucional no se demoró en medias tintas: se promulgó una ley autonómica que blindó el predio como bien patrimonial, declarándolo inviolable, inalienable, inembargable e imprescriptible. Se le puso un freno legal tajante a cualquier intento de apropiación privada.

En esa oportunidad el Alcalde Manuel Saavedra dijo textualmente “Esta es una acción de defensa del patrimonio cruceño. Tengan certeza de que lo que es de los cruceños se va a defender y se va a proteger, y que los intereses externos, las angurrias de plata y de poder nunca van a estar por encima de los intereses de esta región”, afirmaba.

Entonces, la pregunta cae por su propio peso, con la urgencia de una alarma encendida: si la ley puede proteger un mercado, ¿por qué titubear para proteger el pulmón verde que nos da oxígeno y nos salva de las inundaciones?

El Cordón Ecológico del río Piraí no es un terreno baldío esperando comprador; es la barrera vital que frena la furia del agua y purifica el aire de una ciudad que crece de espaldas a su propia supervivencia. Sin embargo, las 44 hectáreas destruidas recientemente revelan una realidad escandalosa: la llamada "impunidad verde".

No estamos desarmados jurídicamente. Las normas existen: la Ley Nacional N° 2913, la Ley Autonómica Municipal N° 1434 y las declaratorias de protección del Parque Metropolitano consagran el carácter intocable de esta faja de seguridad. Además, la Constitución es clara: los delitos ambientales son imprescriptibles y el Código Penal castiga con cárcel —hasta de diez años— a quienes destruyen el patrimonio natural o avasallan reservas fiscales.

Así como el municipio demostró capacidad de acción para blindar el corazón comercial del Mutualista, tiene la obligación legal y moral de aplicar el mismo rigor en el Piraí. Las herramientas operativas están sobre la mesa: desalojos sumarios, demolición de construcciones clandestinas con maquinaria pesada y la restitución inmediata de los predios a "foja cero".

Defender el Cordón Ecológico no es un capricho ambientalista; es una causa de supervivencia urbana. La ley ya demostró que puede ser un escudo protector cuando hay voluntad política. Es hora de usarlo antes de que la tragedia nos alcance a todos.
Periodista y docente universitario