- #Bolivia
- 2024-05-12
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SUIZA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se creyó puntualmente la versión del gobierno de Evo Morales de que la masacre de Pando fue protagonizada por sicarios contratados por el prefecto, sin haber enviado al menos una comisión para investigar este drama en el mismo lugar de los hechos.
"La reciente ola de violencia en los departamentos bolivianos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, controlado por opositores al Gobierno del presidente...
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SUIZA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se creyó puntualmente la versión del gobierno de Evo Morales de que la masacre de Pando fue protagonizada por sicarios contratados por el prefecto, sin haber enviado al menos una comisión para investigar este drama en el mismo lugar de los hechos.
"La reciente ola de violencia en los departamentos bolivianos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, controlado por opositores al Gobierno del presidente Evo Morales, ponen en peligro a los pueblos indígenas y a sus instituciones", denunció este viernes en Ginebra la onU.
El Relator Especial sobre la Situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, expresó que estos "ataques se producen en el contexto de una política sistemática de autoridades de esos departamentos (provincias) contra los esfuerzos del Gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas".
"Condeno los actos de violencia contra grupos indígenas y campesinos, así como las amenazas graves a sus representantes y denuncio particularmente los asesinatos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, departamento de Pando", dijo Anaya, citado por la agencia Télam.
Según el Relator de la onU, esas agresiones consistieron en "una emboscada de paramilitares contra miembros de la Federación Sindical étnica de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y estudiantes de la Normal de Maestros de Filadelfia, la mayoría indígenas".
El diplomático señaló que esta serie de ataques contra los indígenas y campesinos contempla también la toma y destrucción de sedes e instalaciones de organizaciones indígenas y campesinos.
Entre esas organizaciones, Anaya mencionó a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
El Relator Especial hizo un llamado a los agresores a que suspendan la violencia y exhortó a las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internaciones de derechos humanos, para proteger los derechos y las libertades fundamentales de los grupos indígenas y campesinos afectados.
Asimismo, instó al Estado "a investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares".
La onU no dice una palabra del cerco que está sufriendo el departamento de Santa Cruz, de la amenaza de los indígenas y campesinos de iniciar un enfrentamiento a bala en este departamento en defensa de la Constitución que el MAS quiere aprobar.