Cedla: El pacto fiscal evade la reforma tributaria
20/02/2015 - 10:30:13
El debate sobre el Pacto Fiscal se ha instalado en el pa�s. La inesperada postura del gobierno, que ha instalado apresuradamente el Consejo Nacional de Autonom�as y ha hecho p�blicos los objetivos que perseguir�a en esa instancia, ha sorprendido a los partidos de la oposici�n de derecha y a las autoridades regionales afines a los mismos arrebat�ndoles el protagonismo sobre una demanda que hab�an planteado desde hace mucho, pero especialmente desde que se conocieron los resultados del �ltimo Censo de Poblaci�n.
Las primeras reyertas de este proceso ha ratificado lo que se presum�a acerca de los objetivos que le asignan al pacto: por parte del gobierno se ha dicho que los acuerdos sobre el manejo fiscal deben, ineludiblemente, �garantizar el plan de gobierno para la gesti�n 2015�2020, el modelo econ�mico vigente en el pa�s y el cumplimiento de la Agenda Patri�tica 2025�, mientras que algunas autoridades regionales pertenecientes a la oposici�n han ratificado su intenci�n de que el principal acuerdo sea la aprobaci�n de la f�rmula 50-50 para la distribuci�n de los recursos fiscales.
Es decir, dos de los principales actores de esta contienda iniciada est�n de acuerdo en limitar el debate �y los resultados� al �mbito de la distribuci�n de los ingresos fiscales y del destino del gasto. M�s a�n, ambas posiciones dan por sentado que el debate se deber�a realizar manteniendo la orientaci�n del r�gimen tributario �heredado de la reforma implementada por la Ley 843 en el lejano a�o 1986� que hasta la fecha ha sido modificado s�lo parcialmente, aunque conservando su esp�ritu.
La reforma tributaria, al igual que las otras pol�ticas neoliberales de las d�cadas finales del pasado siglo, buscaba establecer las condiciones m�s ventajosas para la recomposici�n del capital, facilitando la elevaci�n de las tasas de ganancia y su acumulaci�n. La principal caracter�stica de la reforma tributaria fue la creaci�n de impuestos indirectos como fuentes de recursos fiscales, recursos que deb�an compensar la p�rdida de ingresos debido a la desaparici�n paulatina de las empresas estatales por obra de la privatizaci�n.
Como escrib�amos en febrero de 2003, en ocasi�n de la revuelta popular contra un nuevo impuesto a los salarios: �la preferencia por impuestos al consumo y no a los ingresos y rentas empresariales, tiene el fin premeditado de alentar la acumulaci�n de capital, por encima del bienestar de la poblaci�n o de alg�n af�n aut�ntico de buscar la mejora de las condiciones de vida de la poblaci�n a trav�s del gasto fiscal�. El argumento neoliberal era que los impuestos dirigidos a gravar las ganancias capitalistas iban en detrimento del ahorro y la inversi�n y alentaban el consumo de los estratos de menores ingresos, considerados irrelevantes para impulsar la inversi�n y la actividad econ�mica. As� se pretend�a ocultar la naturaleza de clase de la pol�tica fiscal, que elude la imposici�n de tributos a la plusval�a y busca incrementar los beneficios de los capitalistas mediante la �socializaci�n� de una parte de los salarios.
El resultado de la reforma neoliberal fue que para el 2001 una parte importante de los ingresos corrientes del Sector P�blico No Financiero (SPNF) �m�s del 70%� proven�a de impuestos indirectos al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a las transferencias (IT) y otros impuestos espec�ficos como el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD); un cambio dr�stico de la composici�n de los ingresos corrientes del SPNF que antes de 1985 estaba dominada por la presencia de un 82% de ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios de las empresas p�blicas nacionales. En otras palabras, la privatizaci�n y liquidaci�n de las empresas p�blicas traslad� su obligaci�n de proveer ingresos fiscales no a los capitalistas que se apropiaron dolosamente de ellas, sino a los ingresos laborales de la mayor�a de la poblaci�n a trav�s del gravamen a su consumo.
Adem�s, para cumplir ese objetivo, los dise�adores del sistema tributario idearon ingeniosos mecanismos y dispositivos que enfatizan la f�cil recaudaci�n: la presi�n sobre los consumidores resulta m�s eficiente que la fiscalizaci�n de los ingresos de las empresas, de ah� que con frecuencia las situaciones de insolvencia fiscal fueron enfrentadas con recurrentes �gasolinazos�.
La creaci�n del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) mediante la Ley 3058 del a�o 2005 signific� una modificaci�n parcial en la orientaci�n regresiva de la pol�tica tributaria que el neoliberalismo hab�a llevado a extremos. La creaci�n del IDH que grava con un adicional 32% a la venta de hidrocarburos permite que el Estado capture una parte importante del excedente o plusval�a, que se presenta bajo la forma de renta o ganancia extraordinaria. La posterior �nacionalizaci�n� de 2006 mejora esa apropiaci�n estatal al hacer a YPFB part�cipe de una parte de la utilidad neta o ganancia, otra forma de la plusval�a. La importancia para el sistema tributario de este cambio, es de tal relevancia que en el a�o 2013 los ingresos provenientes de la explotaci�n de hidrocarburos constituyeron m�s del 48% de los ingresos corrientes del sector p�blico.
En s�ntesis, esta reforma parcial dirigida a mejorar el control estatal del excedente econ�mico generado por el trabajo social, se�ala adecuadamente la v�a que garantiza la capacidad financiera del Estado para cumplir con la finalidad de su gesti�n, que no es otra que buscar la satisfacci�n de las necesidades b�sicas de la poblaci�n y la construcci�n de condiciones para el desarrollo productivo, mediante la devoluci�n de una parte del esfuerzo productivo del trabajo en forma de bienes comunes y servicios p�blicos universales.
Una sociedad encaminada en la construcci�n de nuevos tipos de relaciones sociales que superen la subordinaci�n, la explotaci�n laboral y la exclusi�n social �relaciones que se fundamenten en la solidaridad y la responsabilidad social�, pero tambi�n un r�gimen que dice representar esas aspiraciones, no pueden optar por cambios formales que mantengan el esp�ritu regresivo del neoliberalismo y de la l�gica mercantil capitalista. No es pertinente ni leg�timo que un debate sobre la reforma del sistema fiscal se limite a considerar s�lo la redistribuci�n de recursos y de competencias entre estratos del aparato estatal controlados por fracciones pol�ticas que priorizan su propia conservaci�n en el poder mediante el cumplimiento �con menor o mayor eficiencia, con m�s o menos transparencia� de su propia agenda.
En nuestro criterio, se debe alentar mejoras en el sistema fiscal partiendo por eliminar las disposiciones que permiten la exenci�n impositiva a favor de las ganancias empresariales, as� como los dispositivos que permiten la �acreditaci�n� de los impuestos a las utilidades y los que imponen generosas ventajas a sectores empresariales en los reg�menes prevalecientes en sectores como la miner�a, la agricultura comercial y las exportaciones. El Pacto Fiscal no puede construirse al margen o sin una previa y profunda reforma fiscal que priorice el financiamiento fiscal mediante el gravamen a los sectores y clases sociales que se apropian del excedente producido en la econom�a nacional por el trabajo productivo.
