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Comisión Codificadora analiza perspectivas y alcances del nuevo Código de Ejecución Penal




24/07/2017 - 17:15:58
La Paz, (ABI).- La Comisi�n Codificadora de Leyes analiz� el lunes los alcances del anteproyecto del nuevo C�digo de Ejecuci�n Penal para la construcci�n de una adecuada pol�tica, en el marco de la adecuaci�n de la normativa a la Constituci�n Pol�tica del Estado.

Seg�n un bolet�n de prensa del Ministerio de Justicia, el abogado de la Comisi�n Penal, Jorge Omar Mostajo, expuso los fundamentos te�rico-doctrinales y normativos del anteproyecto de ley.

La sesi�n de la comisi�n fue presidida por el ministro de Justicia, H�ctor Arce, quien destac� la propuesta de Ejecuci�n Penal y recomend� trabajar en normas que se ajusten a la actualidad y realidad boliviana.

En la oportunidad, Mostajo hizo un diagn�stico amplio del colapso carcelario que enfrenta Bolivia y precis� detalles sobre los sentenciados y detenidos preventivos.

Consider� como preocupante los datos oficiales sobre la situaci�n de las c�rceles cuando de 16.613 detenidos hasta marzo de este a�o, apenas 5.028 est�n con sentencia y 11.585 con detenci�n preventiva.

En esa perspectiva es que plante� una nueva propuesta del C�digo de Ejecuci�n Penal que regule la ejecuci�n de la pena, otorgue medidas de seguridad y efectivice un mejor control de la detenci�n preventiva en el �mbito judicial.

Consider� que es fundamental dotar al sistema de ejecuci�n penal de un medio de autoevaluaci�n permanente y contar con datos precisos para la construcci�n de una adecuada pol�tica criminal.

Asimismo, se�al� que, por el dinamismo de la materia penitenciaria, debe regularse por decreto supremo la materia de vigilancia penitenciaria (�rgano disciplinario - administrativo).

Dijo que la ejecuci�n penal no es parte de un �rgano mixto (jurisdiccional y administrativo), es netamente jurisdiccional y perteneciente al orden de la ejecuci�n penal. No ejerce una jurisdicci�n prorrogada (no es un delegado del Tribunal o Juez de Sentencia) sino es propia.

Adem�s, debe resolver todos los incidentes propios a la etapa del cumplimiento de la pena impuesta y salvaguardar los derechos de los internos, sean estos condenados o prevenidos, y velar por el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena.

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