Morales conocía filtración de información en caso Quiborax
05/07/2018 - 07:30:10
El Diario.- El presidente Evo Morales ten�a conocimiento de la filtraci�n de informaci�n que se dio en la segunda negociaci�n entre el Estado boliviano y la defensa legal de la empresa chilena Quiborax, despu�s de que los documentos de un preacuerdo fueron filtrados desde el ordenador de la exsubprocuradora Carmi�a Llorenti, inform� el ministro de Justicia, H�ctor Arce, durante el acto de interpelaci�n.
�Se nos inform� (del hecho) el d�a 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, despu�s de hacer los tr�mites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situaci�n, se la desvincul� (a Carmi�a Llorenti) de su cargo. Porque la designaci�n de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designaci�n de esta autoridad depende del Presidente�, dijo Arce.
Arce explic� que posterior a esa informaci�n al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jur�dica de la Procuradur�a, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuradur�a, Ana Guevara Clavijo, orden� el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti reci�n en marzo de este a�o, despu�s de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominaci�n RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reuni�n de negociaci�n organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compa��a Qu�mica e Industria del B�rax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prest� su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelaci�n convocada por el oficalismo, Arce explic� que la sentencia que emiti� el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detall� que se aplic� una medida de revocatoria que no estaba consignada en el C�digo de Miner�a que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluy� que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensaci�n integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Miner�a, Cesar Navarro indic� que la el Estado boliviano vulner� el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptar� medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indic� que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscrib�a el acuerdo entre la rep�blica de Bolivia y el de Chile para la promoci�n y protecci�n rec�proca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo S�nchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifest� que el Estado contrat� a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
�Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro pa�s y que es el sexto buffet m�s grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el pa�s, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios�, resalt� el ministro.
Seg�n la documentaci�n publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jur�dicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jur�dico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Dem�crata (UD), �scar Ortiz, denunci� que la Procuradur�a General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contrataci�n de los equipos jur�dicos para la defensa legal y cu�nto se pag� a estos profesionales.
NACIONALIZACI�N
Arce indic� que durante el gobierno de Evo Morales se determin� la creaci�n de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indic� que los procesos de nacionalizaci�n se expandieron 14 empresas en cinco �reas: hidrocarburos, miner�a, electricidad, telecomunicaciones y transporte a�reo. Procesos en el que el Estado pag� $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionaliz� a las empresas Yacimientos Petrol�feros Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pag� una indemnizaci�n de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB log�stica $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionaliz� a toda la cadena de empresas que est�n a cargo de la generaci�n, distribuci�n de ese recurso, Corani SA se pag� $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemniz� un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el �rea de telecomunicaciones la principal nacionalizaci�n fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por �ltimo en el sector aeropuertuarias la nacionalizaci�n se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pag� la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelaci�n de todos estos resarcimientos la suma asciende a m�s de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelaci�n a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votaci�n, despu�s de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados V�ctor Borda y Betty Ya��quez, durante una sesi�n que dur� cerca de cinco horas.
La presidenta de la C�mara de Diputados Gabriela Monta�o presidi� la sesi�n de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideraci�n de la propuesta de �orden del d�a puro y simple�, mientras que desde la bancada de oposici�n, los legisladores exig�an preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votaci�n.
