La vulneración de derechos le cuesta millones a Bolivia

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Correo del Sur.- La frase de “le meto nomás, por más que sea ilegal, después que arreglen los abogados”, acuñado por Evo Morales, comienza a cobrar factura en procesos ante los tribunales internacionales que al Estado le costarán millones de dólares en reparación de daños y perjuicios, advierten abogados constitucionalistas como Arturo Yáñez y Jaime Hurtado.

El mes pasado, el entonces procurador general del Estado, César Siles (ahora Ministro de Justicia), reveló que en el sistema interamericano de derechos humanos hay al menos 123 casos de presuntas vulneraciones a los derechos humanos. De esa cantidad de peticiones, unos 110 llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Procuraduría indicó que, hasta abril de este año, debido a casos con sentencia o solución amistosa, el Estado tuvo que pagar casi 3 millones de dólares por esta causa.

ALGUNOS CASOS

Entre los procesos en los tribunales de justicia internacionales aparecen los de los exjueces transitorios destituidos por el Consejo de la Magistratura, desde 2020; el caso terrorismo, por las muertes y torturas en el hotel Las Américas en 2016, que recientemente pasó a fase de juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Además, hay otros de vulneraciones de derechos como el de La Calancha (2007), el de la crisis política y social de 2019, y la reelección indefinida en la que se impugnó la Sentencia Constitucional 084/2017 que avaló la repostulación de Morales por cuarta vez a la presidencia. También se cuenta el caso de Miriam Greminger, que acudió a la CIDH por el asesinato de su hijo, en la impunidad desde hace más de 20 años. Y el de políticos que acudieron a la CIDH: los exprefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de Tarija, Mario Cossío.

VÍCTIMA

Alcides Mendoza, una de las víctimas del asalto policial al Hotel Las Américas en Santa Cruz, estuvo 11 años detenido en diferentes cárceles del país y expresó su satisfacción porque al fin su caso llegó a la CorteIDH.

“Muy contento porque al fin llega a una Corte que queríamos nosotros, donde no mete mano el MAS, porque en Bolivia no hay justicia. Ahí estamos ante la Corte IDH con sede en San José de Costa Rica; estamos preparados y la CIDH que actúa como fiscal es nuestro aliado, ellos van a defender su resolución (acusación) y está claro que el Estado boliviano, a la cabeza de Evo Morales, si bien no dan nombres, pero sabemos a quién va dirigido el caso”, dijo a CORREO DEL SUR.

Durante 11 años, Mendoza pasó por las cárceles de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, donde fue torturado y hasta el día de hoy sufre las secuelas porque no puede trabajar.

Apuntó a Evo Morales como el autor de la intervención policial al Hotel Las Américas y las torturas en contra de líderes cívicos y ciudadanos que defendían la autonomía, porque desde Venezuela admitió que él ordenó ese operativo.

En 2021, la Comisión entregó 28 recomendaciones. De esas, cuatro fueron denominadas de fondo y fueron incumplidas por el Estado boliviano: la reparación integral con compensación económica a los afectados; la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; el proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes y la adopción de medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.

AMENAZADOS

Alcides Mendoza recordó que el exprocurador Wilfredo Chávez, cuando era ministro de Gobierno, les visitaba constantemente pero para “amedrentarlos, amenazarlos para ir a un proceso abreviado”.

Ven “servilismo” y “persecución a adversarios”

El abogado constitucionalista Arturo Yáñez dijo a CORREO DEL SUR que abogados, jueces, vocales y magistrados, por “ignorancia, servilismo o fanatismo extremo de hacerle caso al jefe”, han perpetrado vulneraciones a derechos humanos en procesos a nivel interno.

“El derecho es global y el abogado, magistrado, juez y fiscal que desconoce, es un completo ignorante del derecho del siglo XXI; eso significa que uno puede ‘meterle nomás’ (como dijo Evo Morales en su momento) aquí adentro (en el país), puede ser encubierto por los amigos, los jefes, las roscas, incluyendo los tribunales de cierre, pero hasta ahí llega, no puede tener el control más allá de las fronteras”, sostuvo.

Por su parte, el también constitucionalista Jaime Hurtado indicó que “suena irresponsable” el dicho “yo le meto nomás, mis abogados están para arreglar”, porque todo acto que ejecuta el Gobierno boliviano, que vulnere derechos, es sujeto de reparos, resarcimientos, indemnizaciones ante un sistema organizado de protección de derechos que en algún momento ordenará la reparación de derechos.

Finalmente, el abogado y exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera señaló que el problema es mucho más profundo que la decisión de “meterle nomás”.

En su criterio, las demandas internacionales son resultado de una “desviación del poder” y de la instrumentalización de la justicia para desplegar una persecución judicial con fines políticos para anular política, social y moralmente al adversario. Considera que a ese fin se prestaron fiscales, jueces y magistrados.