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En los últimos años, Bolivia se ha constituido en un país donde el endeudamiento público sigue en aumento, una pregunta resuena con fuerza: ¿qué tan transparente es la gestión de estos recursos? Según declaraciones del Presidente del Senado, se ha aprobado más de 4.000 millones de dólares en créditos en los últimos años, pero solo una fracción de estos fondos ha sido desembolsada y utilizada. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de nuevos préstamos por la necesidad de dólares para la compra de combustibles, la Asamblea Legislativa denuncia que la administración de estos fondos es deficiente y carece de transparencia. Sin embargo, los propios legisladores han caído en una peligrosa inacción, evitando tomar medidas concretas para hacer cumplir la Ley Nº 1313 DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y DONACIONES, la cual establece mecanismos de fiscalización que han sido ignorados desde su promulgación.
Crédito sin ejecución: una paradoja económica
Según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reveló que en los últimos cinco años se aprobaron 35 proyectos de financiamiento externo por más de 4.000 millones de dólares, pero apenas 1.400 millones han sido ejecutados. "El problema no está en la aprobación de los créditos, sino en la ejecución que es responsabilidad del Órgano Ejecutivo", afirmó.
Ley Nº 1313: Una norma ignorada por todos
Promulgada en 2020, la Ley Nº 1313 establece mecanismos de control y fiscalización sobre el endeudamiento público. Su objetivo es garantizar que todo crédito externo tenga condiciones financieras favorables y sea aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de su ejecución. También obliga al Ejecutivo a presentar informes trimestrales detallados sobre el destino y uso de estos fondos.
Sin embargo, la realidad es que, desde hace cinco años de su promulgación, el Ejecutivo ha ignorado sistemáticamente esta disposición. Peor aún, los legisladores, quienes tienen el deber de exigir el cumplimiento de la ley, se han limitado a discursos críticos sin activar los mecanismos constitucionales para forzar la rendición de cuentas.
La inacción legislativa: Un problema que agrava la crisis
Los parlamentarios no solo tienen la potestad, sino la obligación de exigir cuentas al Ejecutivo. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 158 y 159, les confiere la atribución de controlar el endeudamiento público. Además, el Artículo 322.I. establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional solo debe autorizar la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de pago y se justifiquen condiciones favorables. No obstante, en la práctica, esta disposición ha sido letra muerta.
El Artículo 134 de la Constitución establece la posibilidad de interponer una ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO en caso de que una norma sea incumplida por autoridades estatales. Si la Asamblea Legislativa realmente estuviera comprometida con la fiscalización del endeudamiento, ya habría promovido esta acción para obligar al Ejecutivo a rendir cuentas.
Las agencias de financiamiento internacional: Aliados o testigos ciegos?
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros organismos de cooperación, han otorgado créditos millonarios a Bolivia, pero los desembolsos son limitados. La razón: falta de gestión gubernamental y ausencia de presión por parte del Legislativo para que se rinda cuentas sobre estos créditos internacionales que endeuda a futuras generaciones.
El problema de la rendición de cuentas: Falta de acción política
El principio de transparencia consagrado en la Constitución (artículos 8, 232 y 323) obliga a los servidores públicos a rendir cuentas de manera clara y oportuna. No obstante, la falta de informes a los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional sugieren que el Ejecutivo ha obstaculizado y omitido los mecanismos de fiscalización.
El Gobierno sostiene que la Asamblea Legislativa bloquea los créditos que servirá para obtener dólares para la compra de combustible, pero parlamentarios opositores argumentan que el Ejecutivo se niega a rendir cuentas sobre los fondos ya aprobados. "Son buenos para pedir plata, pero malos para gestionarla", señaló el diputado Enrique Urquidi en una entrevista periodistica.
¿Qué deben hacer los legisladores y la ciudadanía?
Los legisladores tienen en sus manos una herramienta jurídica fundamental: la Acción de Cumplimiento. Esta acción constitucional permitiría exigir que el Ejecutivo cumpla con su obligación de informar trimestralmente sobre el uso de los créditos aprobados. Sin embargo, hasta la fecha, ningún asambleísta ha impulsado este mecanismo, lo que evidencia una preocupante omisión de funciones.
Por otro lado, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de exigir rendición de cuentas. Es fundamental que la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones fiscalizadoras presionen para que la Ley Nº 1313 para el Control Y Fiscalización De Endeudamiento Público Y Donaciones, se cumpla de manera efectiva.
Bolivia enfrenta una encrucijada: continuar con un modelo de endeudamiento sin control o exigir transparencia y eficiencia en la gestión de recursos. La pregunta es: ¿permitiremos que el secretismo y la falta de transparencia siga marcando el destino de nuestro país?
Conclusión: Un llamado a la acción ciudadana
La pregunta no es si Bolivia necesita créditos, sino ¿quién responde por los que ya existen? Mientras el Ejecutivo insiste en endeudar al país sin transparentar su gestión, la ciudadanía tiene herramientas como:
La deuda no es solo económica: es de confianza. Y hasta que no haya respuestas claras, las actuales y nuevas generaciones de bolivianos seguirán pagando intereses de un misterio que nadie explica.
