- América
- 2020-11-08
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Correo del Sur.- Joyeros del país en estado de emergencia podrían pagar hasta más de 11 mil bolivianos en multas si es que incumplen las normas establecidas por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) en el marco de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, de la que piden ser excluidos. Se prevé una reunión en La Paz este viernes. En el departamento al igual que en el resto del país, la Asociación Mixta de Artesanos, Joyeros y Orfebres-Chuquisaca (Amajor-Ch) expresó su rechazo al registro obligatorio de las joyerías que estableció el Senarecom desde el 10 de junio a través del Número de Identificación Minera (NIM), en un plazo de 60 días hábiles. El estado de emergencia rige en todo el país. La vicepresidenta de Amajor-Ch, Claudia Valverde, remarcó que el reclamo radica en que su gremio está incluido en la lista de agentes de retención, según la Ley 535. Un agente de retención debe dar parte de la compra de minerales y metales. En su caso la asociación se dedica a la chafalonía (plata u oro reciclados) para transformarlo en oro de 18 hasta 22 quilates u oro 1.000, a través de un proceso químico. Por lo mismo creen que no deben ser incluidos en la ley. De esta forma, están sujetos al reglamento de infracciones y sanciones –según el caso– referidas al registro, comercio interno y exportaciones. Las sanciones van desde las 50 hasta las 5.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s) según la falta sea leve, grave o muy grave. Expresado en bolivianos las multas irían entre los 111 y 11 mil bolivianos.