Sábado 21 de septiembre 2024

Gobierno: El estudio sobre el campo Margarita es inapelable



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El País.- Tras las denuncias realizadas por la dirigencia cívica de Tarija y el gobernador, Oscar Montes, que pusieron en tela de juicio la legitimidad del nuevo estudio del factor de distribución por el campo Margarita-Huacaya, que es compartido con Chuquisaca, desde el Gobierno refutan estas acusaciones y defienden la validez del estudio. Advierten que el mismo es inapelable y de carácter vinculante.

Cabe recordar que el jueves 1 de septiembre, el gobernador Montes había denunciado un “manejo político” del proceso para encarar el estudio de actualización del factor de distribución, que afectó los intereses de Tarija. Recalcó que el Gobierno pretende chantajear al departamento para ingresar con las petroleras a la reserva de Tariquía.

A esto se sumaron los reclamos de la dirigencia cívica, que ha decidido llevar adelante un paro con bloqueo de carreteras para el día 7 de septiembre, esto como una medida de rechazo al estudio del factor de distribución y exigiendo su nulidad.

Este ha sido el contexto, que ha obligado al viceministro de Exploración y Explotación, Raúl Mayta, a venir a la capital chapaca la jornada del pasado viernes, para en horas de la tarde brindar una conferencia de prensa y aclarar las acusaciones que surgen por parte de instituciones tarijeñas.

“Están queriendo desprestigiar desde el punto de vista ‘técnico’ lo que ha sido este trabajo que ha efectuado la empresa DeGolyer and MacNaughton (D&M), ¿por qué digo ‘técnico’? porque no es una voz técnica el que acusen que la empresa ha hecho un estudio trucho, que es somero, que no tiene la calidad científica que debería tener. Cuando en realidad (los acusantes) no han hecho su propio estudio, no han hecho un trabajo que llegue a una conclusión que permita contrastar información”, enfatizó.

Mayta calificó de “absurdas” las declaraciones del gobernador Montes, que acusó al Gobierno de estar en contra de Tarija.

“No hay nada más alejado de la verdad. El Gobierno solo tiene la intención de generar nuevos proyectos para Tarija, no solamente en el ámbito de exploración y explotación de hidrocarburos, sino en diferentes ámbitos, como ha sido la interconexión de Bermejo al SIN”, expuso.

¿Chantaje por Tariquía?

Otras de las acusaciones que había hecho el Gobernador, señalaba que el Gobierno busca chantajear a Tarija otorgándole menos regalías, para que, en ese afán, en el departamento permitan el ingreso a la reserva de Tariquía.

Al respecto, Mayta dijo haber escuchado la “teoría conspirativa” que menciona el Gobernador. Sin embargo, recordó que el tema de Tariquía es un proyecto que desde el 2018 ya estaba estudiado y la empresa lo debe realizar.

“Esta misma gente es la que se ha opuesto a la ejecución de este proyecto desde aquella época, y ahora se ponen la máscara de los defensores de las regalías indicando que estamos quitando. Señores, no les estamos quitando, el estudio ha establecido unos valores y en base a esos valores se está aplicando”, señaló.

El Viceministro reconoció que los datos han cambiado a comparación del estudio de factor de distribución de la gestión 2012. Argumentó que, con la evolución del campo, se tienen nuevos porcentajes de distribución.

Mayta explicó que según las estimaciones realizadas de lo que Tarija va percibir este año por concepto de regalías departamentales, es alrededor de 63 millones de dólares. Y que es 5 millones de dólares más a comparación del 2021, por lo que cuestionó las declaraciones de que se podría cerrar la Gobernación por tres meses.

Frente al anuncio realizado por el Comité Cívico de Tarija, que confirmó un paro con bloqueo de caminos para el 7 de septiembre, Mayta calificó la medida como perjudicial para la población, más cuando se está luchando por la reactivación económica.

Consultado sobre si el actual informe del factor de distribución puede ser anulado, tal como lo exigen los cívicos tarijeños, Mayta argumentó que ese pedido no es posible, por el contrario, ratificó que es vinculante y de cumplimiento obligatorio, según la normativa vigente.


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