El decreto de conmoción en Venezuela que otorga amplios poderes al dictador Nicolás Maduro

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El régimen de Nicolás Maduro impulsa el llamado “decreto de conmoción externa”, que otorga a su aparato de poder facultades extraordinarias bajo el pretexto de proteger Venezuela ante un supuesto peligro inminente de Estados Unidos, mientras mantiene oculto su contenido y avanza en un proceso opaco de consultas y firmas.

Bajo la Constitución venezolana, el estado de conmoción externa forma parte de los estados de excepción que pueden declararse ante situaciones de conflicto que pongan gravemente en peligro la seguridad nacional, las instituciones o la vida de la población. La ley autoriza temporalmente la restricción de derechos —exceptuando el derecho a la vida, la prohibición de tortura, el debido proceso y otros considerados intangibles— y concede rango y fuerza de ley al decreto desde el momento de su emisión, que debe publicarse oficialmente en la Gaceta Oficial, aunque todavía Maduro no lo ha hecho público.

Durante este estado, el régimen puede actuar sin los límites habituales de control y transparencia, legalizando la limitación de libertades y el control forzado de recursos públicos y estratégicos.

La norma fija una vigencia de noventa días, prorrogable solo una vez por igual periodo, sujetos a aprobación parlamentaria controlada por el chavismo. El Ejecutivo, a discreción, o el Parlamento pueden revocar la medida antes si consideran extinguidas las causas que la motivaron, aunque la falta de transparencia y de contrapesos reales hace improbable una revisión autónoma.

Bajo ese argumento, el chavismo busca atribuirse poderes para defender la “integridad territorial” y los “intereses vitales” de Venezuela, sin precisar qué condiciones desencadenarían la entrada en vigor ni definir el alcance real de las eventuales restricciones sobre la ciudadanía y las instituciones.

Más allá de la retórica de “protección ante amenazas extranjeras”, el decreto de conmoción externa representa para Venezuela un mecanismo para limitar derechos, concentrar el control militar, económico y social en manos de Maduro y cerrar cualquier resquicio de oposición o disidencia, bajo una justificación que depende casi por completo del arbitrio del régimen. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de publicar el texto y alertan que la opacidad y discrecionalidad de la medida abren la puerta a nuevas olas de represión y control autoritario, sin que la ciudadanía pueda conocer a qué atenerse ante la inminente activación de este instrumento de excepción.