Denuncian que magistrados prorrogados maniobran contra la renovación judicial

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Los magistrados electos en 2024, denunciaron una serie de “anomalías y abusos” cometidos por los cinco magistrados autoprorrogados que continúan en funciones 2023 en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Órgano Judicial. 

Según los denunciantes, Paola Verónica Prudencio Candia, Amalia Laura Villca, Boris Wilson Arias López y Ángel Edson Dávalos Rojas Navia, estas autoridades habrían desarrollado acciones sistemáticas para mantenerse en el cargo y frenar la renovación institucional.

“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado en tres oportunidades la cesación de sus funciones, lesionando el principio fundamental que establece que nadie puede ser parte y juez en su propio interés”, afirmaron los magistrados electos en una declaración pública.

Los magistrados señalaron que la primera irregularidad ocurrió con la emisión del Auto Constitucional 053 /2024-O, de 12 de junio de 2024, que declaró procedente una queja por incumplimiento y frenó la aprobación de los proyectos de ley 73 y 75 /2023-2024, ambos destinados a establecer mecanismos de sucesión.

La segunda se registró este año, con el Auto Constitucional 002/2025, que declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 124 /2024-2025, el cual planteaba una conformación excepcional y transitoria del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia.

Según los magistrados electos, esta decisión “es absolutamente arbitraria”, ya que un auto constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley.

“Ante esta actuación irregular, presentamos un incidente de nulidad contra dicho auto, pero hasta ahora no existe pronunciamiento”, denunciaron.

La tercera acción se dio con el Auto Constitucional 070 /2025, notificado el 31 de octubre pasado, en pleno feriado de Todos Santos, que declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 259, nuevamente orientado a habilitar el funcionamiento transitorio del TCP y del TSJ.

Los magistrados electos consideraron que estas decisiones responden a un mismo objetivo “la permanencia indefinida de los cinco autoprorrogados para ejercer dominio sobre la Sala Plena y la Comisión de Admisión”.

Advirtieron además que estas actuaciones afectan directamente a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, al impedirle sancionar una ley que permita el cese de funciones de los magistrados prorrogados y restituir la institucionalidad del Tribunal Constitucional.