Saucedo atribuye omisión de un juez sentencia contra exministro

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, confirmó que el exministro de Justicia, Freddy Vidovic, tiene en sus espaldas una sentencia ejecutoriada de 2015 por la cual recibió una pena de tres años de prisión, y reveló que la “omisión de un juez” provocó que el fallo no esté registrado en el REJAP. 

“Se evidencia que en 2015 el señor Freddy Vidovic... tuvo un proceso penal en el cual fue sometido a un procedimiento abreviado en el cual se le impuso una sentencia condenatoria de tres años, la misma que, revisados los actuados procesales, se encuentra debidamente ejecutoriada”, indicó la autoridad a Unitel, basándose en informes que pidió sobre la situación judicial de Vidovic.

Esta condena derivó este jueves en que el presidente Rodrigo Paz decida el cambio de Vidovic debido a que “no se puede tener en el gabinete a alguien que tenga una sentencia ejecutoriada”. Fue reemplazado momentáneamente por Jorge García, mediante el decreto 5491, hasta que el Mandatario anunció por la tarde el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

“Esta situación ha puesto en peligro tanto al Vicepresidente, porque es quien aporta el nombre (de Vidovic)... y a la vez al Presidente y al gabinete, porque no se puede tener en el gabinete a alguien que tenga una sentencia ejecutoriada. Yo no voy a juzgar ese paso, es la Justicia la que tiene que develar en qué situación se encuentra el exministro de Justicia”, señaló Paz.

El miércoles por la noche, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Vidovic fue sentenciado por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de La Paz, Román Cordero, el 30 de mayo de 2015, ante su pedido de un proceso abreviado en el caso de la fuga del peruano Martín Belaunde.

Al respecto, el presidente del TSJ explicó que “lo que sucedió fue una omisión del juez de aquel entonces, de no remitir al juzgado de ejecución penal y el no remitir los elementos administrativos para que se haga el registro de los antecedentes penales que tenemos en Bolivia”.