Bloqueos de la COB exponen sueldos de hasta Bs 88.000 en mineras estatales

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Bolivia atraviesa una de las crisis de gobernabilidad más agudas de la era post-masista. Mientras el gobierno de Rodrigo Paz intenta implementar un plan de estabilización económica mediante el Decreto Supremo 5503, que elimina las subvenciones a los hidrocarburos, la Central Obrera Boliviana (COB) ha respondido con un asedio a la sede de Gobierno. Sin embargo, el sustento moral de estas movilizaciones ha sido puesto en entredicho tras la filtración de planillas salariales de las empresas subsidiarias de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), revelando una "aristocracia obrera" que percibe ingresos muy superiores a la media nacional.

De acuerdo con una investigación exhaustiva publicada por el diario El Deber, el acceso a las planillas de las empresas mineras Huanuni y Colquiri ha permitido transparentar una realidad que permanecía en las sombras de la opacidad sindical. Los datos oficiales exponen que, entre salarios básicos, bonos de producción, antigüedad y otros beneficios, una parte significativa de los trabajadores percibe montos que oscilan entre los Bs 30.000 y Bs 50.000 mensuales. Esta revelación ha transformado la percepción ciudadana sobre los bloqueos, pasando de una demanda social a un cuestionamiento sobre el gasto público ineficiente.

El análisis de los datos detallados por el matutino cruceño es contundente: de una muestra de 465 trabajadores, al menos 64 perciben más de Bs 30.000 al mes. La escalada salarial no se detiene allí; existen registros de trabajadores que superan los Bs 61.000, e incluso se ha identificado un salario máximo de Bs 88.041,57 en la Minera Huanuni. Esta cifra resulta impactante en un contexto nacional donde el salario mínimo apenas supera los Bs 2.500, evidenciando una brecha de más de 35 veces entre un trabajador promedio y la élite minera estatal.

El origen de los privilegios y la herencia del MAS

Estos niveles salariales no son fortuitos, sino el resultado de décadas de concesiones políticas durante la gestión de Evo Morales. En 2015, ante una caída de los precios de los minerales, el entonces ministro César Navarro intentó imponer un tope de Bs 25.000, medida que fue resistida y eventualmente diluida por la fuerza de los sindicatos. Durante años, la Comibol funcionó no solo como una unidad productiva, sino como un brazo político que recibía infraestructura, vehículos y sedes sociales a cambio de lealtad absoluta al régimen anterior.

La actual dirigencia de la COB, liderada por Mario Argollo —sucesor de Juan Carlos Huarachi, quien hoy enfrenta procesos por corrupción hy se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro—, pertenece precisamente a este sector de ingresos elevados. Según analistas económicos citados en el entorno de la crisis, el rechazo sistemático al Decreto 5503 por parte de los mineros asalariados responde más a un miedo por la sostenibilidad de sus propios privilegios que a una preocupación por el "hambre del pueblo". Si el Estado deja de subvencionar el combustible, los costos operativos de las mineras estatales subirían, poniendo en riesgo los excedentes que financian estos sueldos astronómicos.

Un choque de visiones en las calles paceñas

Mientras la ciudad de La Paz retumba con el estallido de dinamitas, la indignación de los sectores privados y profesionales crece. La ciudadanía paceña, que padece el desabastecimiento provocado por los bloqueos, ve con recelo a un sector que exige "sacrificios" al Gobierno mientras se niega a ajustar sus propias planillas. El conflicto ha dejado de ser una disputa técnica sobre el diésel para convertirse en una batalla por la equidad fiscal, donde se cuestiona por qué el Estado debe sostener empresas deficitarias que pagan sueldos de lujo a sus operarios.

Según El Deber, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la división es total. Voces opositoras, como la del diputado Alejandro Reyes, han calificado a la COB como un "grupo parasitario" que ha succionado recursos estatales durante 20 años. Por el contrario, el vicepresidente Edman Lara es uno de los pocos actores de peso que respalda la movilización, exigiendo la abrogación inmediata del decreto de ajuste. Este respaldo político a la COB sugiere que la dirigencia minera aún cuenta con aliados estratégicos que buscan desestabilizar la gestión de Rodrigo Paz desde adentro.

Hacia un reordenamiento de las empresas estatales

El desafío para el nuevo gobierno es monumental. Rodrigo Paz se enfrenta a la decisión de ceder ante el chantaje de los bloqueos o proceder con una intervención directa en las planillas de Comibol. La Ley de Empresas Públicas faculta al Estado para realizar ajustes en casos de inviabilidad financiera, pero el costo político de enfrentarse al "ejército de guardatojos" es históricamente alto en Bolivia. Sin embargo, con el déficit fiscal presionando las reservas, el margen de maniobra para seguir pagando sueldos de Bs 80.000 es prácticamente inexistente.

Finalmente, la resolución de este conflicto marcará el destino de las reformas económicas de 2026. Si el Gobierno logra imponer el Decreto 5503 y transparentar los sueldos en las estatales, enviará una señal de firmeza a los mercados internacionales y a la inversión privada. De lo contrario, Bolivia podría quedar atrapada en un ciclo de bloqueos y prebendas sindicales que agote definitivamente los recursos del Tesoro General de la Nación.

¿Qué significa esto para usted?

    En su bolsillo: Cada peso destinado a cubrir los sueldos de Bs 88.000 en Huanuni es dinero que no se invierte en salud o educación. La falta de ajuste en estas empresas obliga al Estado a buscar ingresos vía impuestos a otros sectores más productivos.

    En su seguridad: La legitimación de la violencia y el uso de dinamita en protestas sindicales por beneficios económicos debilita el estado de derecho, poniendo en riesgo la integridad física de quienes transitan por zonas de conflicto.

    En su tiempo: La persistencia de la COB en las calles augura una transición hacia el 2026 marcada por la inestabilidad. Su capacidad de movilidad y trámites se verá afectada mientras no se alcance un acuerdo de sostenibilidad salarial en el sector minero.