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- 2026-03-11
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La pugna entre el Legislativo y los sectores sociales escala a un punto crítico. La decisión de avanzar con la penalización de los bloqueos busca priorizar la estabilidad económica frente a los métodos tradicionales de presión gremial.
Pulso en la Asamblea El diputado de PDC, Manolo Rojas, lanzó una advertencia directa a la COB, asegurando que no retrocederán "un solo paso" en el tratamiento de la ley antibloqueos. La respuesta surge tras las amenazas de movilizaciones del sector obrero.
Postura de la Central Obrera
Por su parte, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que el derecho a la protesta es una "herramienta de reivindicación". Advirtió a los asambleístas que el pueblo se encuentra en estado de vigilia ante este proyecto.
El fin de una era
En declaraciones a Erbol, Rojas sostuvo que "Bolivia ha cambiado" y que la Asamblea cumplirá el mandato ciudadano de garantizar la libre circulación. El legislador fue enfático al señalar que los tiempos de la presión por asfixia han terminado.
Diálogo vs. Presión Aunque se destacó la apertura al diálogo del presidente Rodrigo Paz, el oficialismo legislativo mantiene una línea dura. Aseguran que la concertación no implica ceder ante medidas que asfixien el aparato productivo nacional.
Sin tregua a la protesta
El proyecto busca criminalizar activamente el cierre de vías. Para el bloque parlamentario impulsor, permitir los bloqueos equivale a suppeditar el bienestar de la mayoría a los intereses de grupos específicos de poder.
El rótulo de criminalidad
"No vamos a tolerar la negociación con criminales", sentenció Rojas, calificando de tal forma a quienes golpean ciudadanos o saquean negocios durante las protestas. La narrativa oficialista ahora equipara el bloqueo con el delito común.
Firmeza legislativa
La Asamblea asegura que no retirará el proyecto pese a la presión de la COB. La normativa entra en su fase decisiva con un clima de polarización que pone a prueba la gobernabilidad en el eje central del país.
¿Qué significa todo esto?
La ley busca garantizar que ninguna protesta impida el derecho al trabajo y la salud.
Se prevén sanciones penales directas para los instigadores de cortes de rutas nacionales.
El Ministerio de Gobierno deberá habilitar canales de denuncia inmediata ante intentos de bloqueo.
