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- 2026-01-20
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La transparencia en el uso de los recursos públicos toca hoy el bolsillo de cada boliviano. La intervención en la estatal Emapa no solo revela una pérdida millonaria de impuestos, sino que pone bajo la lupa la estabilidad de la subvención de alimentos básicos como el pan y la harina.
El ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó que las auditorías en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) arrojan un desfalco superior a los Bs 1.000 millones. La investigación se centra en la importación de insumos y la administración de plantas industriales.
El presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró que su administración actuará con "firmeza" para evitar la fuga de los implicados. El mandatario instruyó solicitar detenciones preventivas inmediatas, enfatizando que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia por el manejo de fondos estatales.
La Fiscalía investiga tres casos críticos: el esquema "Harina 1 y 2", con un daño de Bs 6,6 millones; la planta de papas en El Alto, afectada por Bs 180 millones; y el complejo piscícola del Lago Titicaca, que suma Bs 87,7 millones en pérdidas sin haber operado.
El proceso alcanza al exgerente Franklin Flores y a los exministros de la gestión anterior, Néstor Huanca y Zenón Mamani. Se les imputan cinco delitos, incluyendo contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, según fuentes del Ministerio Público.
La investigación no se limita a funcionarios. El Ministerio Público amplió las pesquisas hacia exdirigentes, como Rubén Ríos del sector panificador, vinculados al esquema de distribución de harina subvencionada que habría sido desviada para fines ilícitos.
Informes externos sugieren que los Bs 1.000 millones son solo el inicio. Entre 2007 y 2021 se invirtieron más de Bs 21.000 millones en plantas estatales, muchas de las cuales estarían inactivas, representando un daño económico estructural para el Banco Central de Bolivia.
El Gobierno sostiene que se han desarticulado "clanes" que operaban dentro de al menos tres ministerios. La actual administración busca sentar un precedente para que los recursos destinados a la seguridad alimentaria no terminen en cuentas particulares.
¿Qué significa todo esto?
💰 Bolsillo: El desvío de fondos destinados a la harina subvencionada pone en riesgo la estabilidad del precio del pan de batalla.
🛡️ Seguridad: La detención de exautoridades busca frenar la impunidad y recuperar activos del Estado.
⏳ Tiempo: Los procesos judiciales y auditorías podrían extenderse durante todo el 2026 debido a la magnitud de los contratos analizados.
