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- 2026-02-06
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La Contraloría General del Estado rompió el silencio y respaldó oficialmente ampliar a seis meses el arraigo para quienes dejan el poder, calificando el plazo actual de insuficiente.
Sandra Quiroga, contralora general, admitió que tres meses no alcanzan para revisar las rendiciones de cuentas ni detectar si hubo manejos turbios con el dinero de los bolivianos.
La institución técnica busca frenar que los exfuncionarios abandonen el país antes de que los auditores logren identificar posibles delitos civiles o penales en sus gestiones.
Se espera que la Cámara de Senadores apruebe de inmediato este blindaje administrativo que pretende garantizar que la transparencia no sea solo un discurso de campaña.
La Contraloría ya instruyó a la Dirección General de Migración activar alertas máximas para evitar que las exautoridades bajo la lupa crucen la frontera prematuramente.
Esta medida no presume culpabilidad, pero actúa como un cerrojo necesario para que el control gubernamental tenga los dientes suficientes frente al uso del patrimonio público.
El objetivo final es que ningún administrador del Estado eluda su responsabilidad ante el pueblo, asegurando que los informes de actividades sean verificados con rigor extremo.
El Dato de Cierre: La Contraloría busca cerrar la puerta giratoria que permitía a exautoridades salir de Bolivia antes de que saltaran las primeras alarmas de corrupción en sus ministerios.
