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- 2026-02-11
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La gestión de YPFB se encuentra bajo un asedio legal sin precedentes tras revelarse un esquema de sobreprecio en la importación de carburantes. Esta irregularidad económica ha activado un cerco judicial que mantiene a la cúpula de la estatal petrolera contra las cuerdas y sin margen de maniobra.
Las acciones legales, que incluyen denuncias penales por contratos lesivos y conducta antieconómica, han cercado la administración de Yussef Akly. El avance de estas demandas busca desmantelar la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a los carburantes.
El resultado de esta ofensiva es una institución acorralada que ha perdido su capacidad de respuesta institucional. Mientras los carburantes escasean en las calles, la estatal se ve forzada a defenderse en los tribunales por una presunta malversación de 12 millones de dólares.
En este escenario, los denunciantes actúan como el brazo ejecutor de una presión política y social que exige cuentas claras. La participación de diputados de Alianza Popular y del vicepresidente Lara ha cerrado todas las salidas de emergencia para los responsables del área de carburantes.
El cerco judicial no solo apunta a los individuos, sino que cuestiona todo el sistema de adquisición de carburantes. Con las pruebas de los contratos sobre la mesa, YPFB enfrenta ahora el desafío de sobrevivir a un proceso que amenaza con descabezar su estructura jerárquica.
El Dato de Cierre: El sobreprecio en los carburantes ha dejado de ser una sospecha para convertirse en el cepo judicial que hoy tiene al presidente de YPFB altamente comprometido.
