Edmand Lara frente al músculo legislativo y el berrinche del protocolo

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La política boliviana se ha estancado en un debate de formas, mientras el fondo revela una orfandad política alarmante. Mientras el país observa el supuesto "desmantelamiento" de la Vicepresidencia, el abogado y analista Juan Carlos Carvajal ha puesto sobre La Gran Mesa una disección que pocos se atreven a realizar. La tesis es demoledora: el Decreto Supremo 5552 no ha tocado ni un milímetro de la potestad constitucional de Edmand Lara, sino que ha desnudado su incapacidad para ejercer el poder sin el brillo de la alfombra roja.

Carvajal realiza una operación de autopsia jurídica al separar el órgano vital de la grasa burocrática. Al transferir las áreas de Protocolo y Comunicación al Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo no ha "castrado" a Lara; simplemente le ha quitado el aparato de propaganda personal que nos costó casi 600 millones de bolivianos. El análisis revela que el poder real del Vicepresidente reside en la Constitución Política del Estado, no en un gabinete de prensa de 50 personas ni en una flota de movilidades oficiales.

Comparativamente, la posición de Carvajal destroza el relato del victimismo que Lara ha intentado instalar en los medios. Mientras el Vicepresidente grita "golpe institucional", el columnista demuestra que Lara conserva intacto el músculo legislativo: sigue siendo el Presidente de la Asamblea, sigue teniendo la firma para promulgar leyes y mantiene la facultad de asesorar a los asambleístas. La pregunta que surge en la Mesa es inevitable: ¿Por qué Lara se siente anulado si su oficina técnica sigue operando bajo su mando?

La respuesta es incómoda pero necesaria. Lara parece confundir la investidura estatal con los privilegios de la casta. Para coordinar entre el Ejecutivo y el Legislativo —su misión principal— no se requiere una Dirección de Protocolo de lujo, se requiere voluntad política y puentes de diálogo. Al quejarse por la pérdida de su "caja chica", Lara admite implícitamente que no sabe ser el segundo hombre del Estado si no tiene el control administrativo del banquete.

El análisis de Carvajal va más allá al señalar que la Ley 1178 (SAFCO) obliga a evitar la duplicidad de funciones. Es un argumento técnico que choca frontalmente con la narrativa de persecución. Si el Ministerio de la Presidencia es el coordinador natural, ¿para qué necesitaba Lara un "mini-ministerio" paralelo? Aquí es donde el análisis muerde: lo que el Gobierno ha hecho es aplicar una poda burocrática a un Vicepresidente que convirtió su despacho en una trinchera opositora financiada por el Estado.

Bajo esta lógica, el Decreto 5552 actúa como un reactivo químico que expone la verdadera naturaleza de Lara. Un líder con peso propio no necesita edecanes ni directores de imagen para hacer sentir su autoridad en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Lara ha optado por el lamento público, validando la percepción de que su figura política es, en realidad, un cascarón que se desmorona cuando le quitan el presupuesto de los impuestos.

En La Gran Mesa, concluimos que estamos ante un enfrentamiento entre la legalidad administrativa y el ego político. Carvajal acierta al recordar que Lara sigue siendo el Presidente del Congreso, un cargo que en cualquier democracia funcional es la máxima expresión del poder político. Que él se sienta "un empleado" de un ministro solo habla de su propia pequeñez ante la magnitud del cargo que hoy ostenta por el voto popular.

Es hora de que el debate nacional deje de girar en torno a cuántos secretarios perdió Lara y empiece a cuestionar por qué el Vicepresidente no usa su poder legislativo para solucionar la crisis del país. El "músculo" está ahí, intacto y listo para ser usado; lo que parece faltar es el carácter político para moverlo sin necesidad de que alguien le sostenga el protocolo.

El Dato de Cierre: Quitarle el protocolo a un Vicepresidente no es un golpe de Estado; es obligarlo a trabajar con la ley en la mano y no con el presupuesto de los impuestos en el bolsillo.