- Destacadas
- 2026-02-25
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
La ofensiva jurídica para salvar la independencia de la Vicepresidencia llegó a las puertas del TCP, mediante una acción de inconstitucionalidad contra el DS 5552. Los asambleístas leales a Edmand Lara denuncian un intento sistemático de borrar del mapa las atribuciones del segundo mandatario.
Desde la otra acera, la realidad es innegable: el decreto subordina toda la estructura operativa de Lara al Ministerio de la Presidencia, convirtiéndolo en una figura decorativa. Esta estrategia busca que el manejo de recursos y personal pase a manos de José Luis Lupo, el hombre fuerte del gabinete.
El Gobierno intenta minimizar el conflicto asegurando que se trata de una simple reorganización de gastos y niega la existencia de un "vicepresidente de facto". Sin embargo, el vacío de poder en la oficina de Lara contradice el discurso oficial de una gestión coordinada y transparente.
La respuesta social ha sido inmediata con una COB que se ha declarado en estado de emergencia absoluta ante el atropello. Los sindicatos ven en este arrinconamiento un peligro democrático, donde los ministros designados terminan mandando sobre las autoridades elegidas por el voto popular.
Mientras la demanda sigue su curso en Sucre, la parálisis administrativa en la Vicepresidencia afecta la relación con el Legislativo. El bloqueo de firmas y presupuesto es la herramienta elegida para forzar una rendición política en medio de la crisis de carburantes.
Bolivia asiste a un escenario inédito donde la estructura del Estado se rediseña a punta de decretos para eliminar la disidencia interna. La batalla legal en el tribunal será el último dique de contención frente a un modelo de gestión que no admite contrapesos institucionales.
El Dato de Cierre: El silencio de Rodrigo Paz ante el recurso larista confirma que el DS 5552 no fue un error administrativo, sino el acta de defunción política para su propio Vicepresidente.
