BCB se lava las manos y pasa al Congreso la legalización del botín del Hércules

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El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, compareció ante el Senado para fijar una postura que deja en la incertidumbre el destino de los 23.2 millones de bolivianos saqueados del Hércules FAB-81. La autoridad descartó que el ente emisor tenga la facultad de convalidar la circulación de los billetes sustraídos, calificando cualquier intento de legalización como un acto fuera de la norma, pero abriendo la puerta a que el Parlamento tome la decisión final.

Esta declaración surge bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde se observa un intento de trasladar la responsabilidad política al Legislativo. Al sugerir que el Parlamento "tal vez" podría reflexionar sobre la validación de estos recursos, el BCB admite su incapacidad administrativa para frenar el caos en los mercados, donde el ciudadano sufre por el rechazo de los billetes de la Serie B en cortes de 10, 20 y 50 bolivianos.

El desarrollo de la crisis revela que el BCB se niega a anular la Serie B debido al costo millonario y al tiempo logístico de un año y medio que tardaría en llegar una nueva emisión. Esta decisión técnica obliga a la población a realizar verificaciones manuales constantes, mientras el sistema financiero se lava las manos ante la circulación de dinero proveniente del pillaje en El Alto.

Desde la otra acera, sectores sociales denuncian que una ley para validar estos billetes sería en realidad una lavandería de dinero. Argumentan que esta medida premiaría a los 5.000 saqueadores identificados, permitiendo que el 30% del cargamento siniestrado ingrese al flujo formal sin que existan responsables aprehendidos de peso, afectando la transparencia en el uso de carburantes y transacciones cotidianas.

Espinoza enfatizó que, al momento del siniestro, los valores eran aún responsabilidad de la empresa proveedora, un tecnicismo que no resuelve el problema de seguridad nacional. La existencia de millones de bolivianos circulando sin control efectivo fomenta el mercado negro de sustancias controladas y debilita la confianza en el signo monetario, mientras la autoridad monetaria prioriza el ahorro presupuestario sobre la certeza del usuario.

La falta de una política de retiro inmediato demuestra que la prioridad no es la seguridad, sino evitar el gasto de una nueva serie. Mientras el BCB espera una decisión legislativa, la desconfianza se traduce en pérdidas económicas para los comerciantes que, por temor, rechazan pagos legítimos, creando una economía de dos niveles donde el ciudadano de a pie es el único perjudicado por el descontrol estatal.

En conclusión, la postura del BCB marca un hito de debilidad institucional al delegar un problema técnico a una instancia política. El país observa cómo el pillaje de 23.2 millones se encamina a una resolución de "menudeo" parlamentario, dejando la puerta abierta al blanqueo de capitales bajo el pretexto de normalizar la circulación monetaria en el país.

El Dato de Cierre: El BCB prefiere el caos en los mercados antes que gastar en una nueva serie de billetes que tardaría 18 meses en llegar.