Comisión de Constitución protege sueldos de por vida para exmandatarios

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El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció este sábado el rechazo de su proyecto de ley que buscaba eliminar la renta vitalicia para los expresidentes. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados bloqueó la iniciativa, argumentando que estos pagos son un derecho adquirido, lo que garantiza que figuras como Evo Morales, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz y Eduardo Rodríguez Vletzé sigan percibiendo ingresos del Estado.

Esta decisión se encuentra hoy bajo la lupa de La Mesa de Análisis, debido a que el blindaje parlamentario protege un desembolso anual de más de 4 millones de bolivianos. La lista de beneficiarios bajo la Ley 376 incluye no solo a ex-presidentes, sino también a ex-vicepresidentes como Álvaro García Linera y Víctor Hugo Cárdenas, quienes reciben aproximadamente Bs 33.000 mensuales.

Lara detalló que estos salarios y aguinaldos para quienes ya no ejercen funciones públicas son un insulto a la economía nacional. El Vicepresidente cuestionó duramente la lógica de los legisladores, señalando que mientras el pueblo enfrenta carencias, esta élite política mantiene privilegios automáticos, a excepción de Luis Arce, cuya renta está en pausa por percibir sueldo como docente estatal.

Desde la otra acera, los miembros de la comisión legislativa sostienen que la renta vitalicia otorga dignidad a la investidura presidencial y evita la precariedad de ex-autoridades. Sin embargo, para la administración de Lara, estos argumentos solo demuestran una desconexión profunda con las necesidades de las familias que no gozan de tales beneficios ni de jubilaciones de privilegio.

El planteamiento del Ejecutivo es que ese presupuesto millonario debería redirigirse con urgencia hacia el sector salud. La propuesta de Lara contemplaba que los recursos destinados a los ex-mandatarios se utilizaran para la compra de medicamentos y equipamiento hospitalario, priorizando la vida de los ciudadanos por encima de los cheques mensuales de la clase política.

Ante el revés en la Cámara Baja, el segundo mandatario adelantó que presentará nuevamente el proyecto ante la Cámara de Senadores. Lara apuesta a que la presión ciudadana obligue a transparentar por qué el Estado sigue manteniendo a figuras que, en muchos casos, operan políticamente desde el exterior mientras cobran del Tesoro General de la Nación.

Finalmente, la pugna por la reforma del Estado marca un quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo. La eliminación de estas rentas es ahora la bandera principal de la gestión, buscando demostrar que la justicia social es incompatible con el pago de salarios de por vida a quienes ya cumplieron su ciclo en el poder.

El Dato de Cierre: La Ley 376 otorga una renta equivalente a 10 salarios mínimos nacionales, monto que se ajusta automáticamente cada vez que sube el sueldo básico en el país.