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- 2026-03-10
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Lo que la propaganda oficial vende como un "acuerdo exitoso" es, en realidad, una capitulación del Estado boliviano en plena carretera. En menos de 48 horas, la presión de los productores del Norte Integrado logró que tres viceministros corrieran hasta Yapacaní para firmar la sentencia de muerte de un decreto que el propio Ejecutivo defendía como necesario hace apenas semanas.
La administración actual, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, demuestra una fragilidad alarmante al gobernar bajo el dictado de las piedras y los promontorios de tierra. Al comprometer la abrogación del Decreto Supremo 5547, el Gobierno no solo cede ante un sector, sino que admite que su planificación económica no resiste un solo día de asedio en las rutas troncales del país.
El conflicto escaló rápidamente el lunes, cuando los soyeros y arroceros cerraron la vía que conecta Santa Cruz con Cochabamba. La exigencia era innegociable: borrar el arancel cero para la soya importada, una medida que los productores locales consideran una amenaza directa a su subsistencia y al precio del grano nacional en un mercado ya golpeado.
Desde la otra acera, sectores vinculados al transporte y la industria procesadora observan con temor cómo la inseguridad jurídica se instala en el asfalto. El mensaje enviado es peligroso: cualquier normativa, por muy oficial que sea su publicación en la Gaceta, puede ser revertida si se tiene la logística suficiente para asfixiar el tránsito de mercancías y carburantes.
La delegación oficialista, conformada por los viceministros Gustavo Serrano, Karel Rivero y el gerente de Emapa, Sergio Siles, tuvo que aceptar el plazo de 72 horas para oficializar la anulación. No hubo espacio para el debate técnico; la prioridad política era despejar la ruta a cualquier costo, incluso sacrificando la autoridad del gabinete económico.
Este retroceso deja en el aire la estrategia de abastecimiento interno. Si bien el Norte Integrado celebra la protección de su mercado, el ciudadano común queda atrapado en una economía de parches, donde las reglas del juego cambian según la intensidad de la protesta social y la cercanía de las elecciones.
La Policía Boliviana, que en otros escenarios actúa con celeridad, esta vez se limitó a esperar el visto bueno de los dirigentes para levantar las carpas. El restablecimiento del tráfico es gradual, pero el daño a la institucionalidad del país parece ser permanente cada vez que un decreto se negocia con la carretera bloqueada.
El Decreto 5547, nacido el 18 de febrero, no llegó a cumplir ni un mes de vigencia efectiva. Fue una norma de escritorio que no tomó en cuenta el sentimiento de la calle ni la capacidad de movilización de un sector que se siente abandonado por las políticas estatales de fomento agropecuario.
Expertos sugieren que esta derrota arancelaria incentivará nuevos bloqueos por demandas similares en otros puntos del país. El Gobierno ha validado el chantaje logístico como el método más corto y efectivo para redactar leyes en Bolivia, dejando de lado el Legislativo y los canales institucionales.
La normalidad retorna a la carretera al Norte, pero el costo político de este "arrugue" administrativo se sentirá en las próximas mesas de negociación. Un Ejecutivo que no sostiene sus decretos es un Ejecutivo que camina sobre cáscaras de huevo, temeroso de que cada nueva medida sea el detonante de un nuevo cerco.
El Dato de Cierre: El Gobierno tiene hasta el viernes para publicar la abrogación oficial en la Gaceta, de lo contrario, los productores amenazan con retomar el bloqueo de manera indefinida.
