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- 2026-03-11
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Bolivia enfrenta un descontrol sanitario que ya no puede ocultarse tras boletines oficiales. El reporte de este 10 de marzo revela que el chikungunya ha infectado a 5.371 personas en todo el país, con un epicentro de dolor en Santa Cruz que ya registra su sexta víctima fatal. La declaratoria de alerta roja en La Paz confirma que el vector ha roto los cercos epidemiológicos, mientras las autoridades intentan contener con fumigaciones tardías una plaga que se expande al ritmo del descuido institucional.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la gestión de la viceministra Roxana Salamanca muestra grietas peligrosas. Hablar de un "descenso de contagios" en Santa Cruz cuando el departamento concentra 4.500 casos y el 83% de la carga nacional es, cuando menos, una lectura temeraria. La realidad visceral es que los centros de salud en el oriente están saturados y la aparición de casos en Potosí y Chuquisaca demuestra que el mosquito Aedes aegypti está ganando la batalla territorial ante la inacción de los biolarvicidas.
La distribución del brote es una radiografía de la vulnerabilidad nacional. Santa Cruz lidera la tragedia, seguida por Tarija con 332 casos, Cochabamba con 303 y Chuquisaca con 81. La Paz, que amanece bajo alerta roja, reporta 68 contagios confirmados, una cifra que los expertos consideran apenas la punta del iceberg debido al subregistro en zonas tropicales como los Yungas y el norte paceño, donde la vigilancia es casi inexistente.
Desde la otra acera, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) reclaman que el apoyo del Ministerio de Salud es insuficiente y llega a cuentagotas. Mientras el Gobierno central presume una inversión de 960.000 bolivianos en brigadistas, los municipios denuncian que las motomochilas y el insecticida no bastan si no hay una política de salud ambiental de fondo. El fallecimiento del adulto mayor de 80 años en Santa Cruz, aún "bajo investigación", es el rostro de una población desprotegida.
La crisis es multifactorial. Al brote de chikungunya se suma la presión de la influenza, que en Santa Cruz ya ha cobrado tres vidas adicionales y suma 618 casos positivos. El sistema público de salud se encuentra en un punto de quiebre, intentando priorizar campañas de vacunación contra el sarampión mientras los hospitales de segundo nivel reportan falta de insumos básicos para atender las fiebres y dolores articulares debilitantes que caracterizan a la plaga del mosquito.
El factor climático también juega en contra. Las recientes lluvias en el oriente boliviano han suspendido mingas de limpieza y destruido el efecto de las fumigaciones, creando nuevos criaderos en cada recipiente olvidado. El Ministerio de Salud admite que tiene a 335 brigadistas en las calles, pero la cifra es insignificante frente a la magnitud de los distritos afectados, especialmente los distritos 9 y 10 de la capital cruceña donde la densidad del vector es crítica.
La "corresponsabilidad ciudadana" que invoca el Gobierno suena a excusa frente a la falta de un plan de saneamiento básico efectivo. La acumulación de llantas y basura en puntos críticos de las ciudades no es solo descuido vecinal, sino una falla sistémica en la gestión de residuos sólidos. Mientras el chikungunya avanza, la burocracia estatal se pierde en conferencias de prensa que no detienen el avance de los carburantes necesarios para que las máquinas de humo funcionen.
La alerta epidemiológica se extiende incluso a zonas donde la enfermedad era desconocida. El reciente caso importado en Potosí ha encendido las alarmas sobre la movilidad de personas infectadas que podrían estar trasladando el virus a valles y zonas templadas. El riesgo de que el chikungunya se vuelva endémico en regiones que antes estaban a salvo es una posibilidad técnica que la Mesa de Análisis observa con extrema preocupación para el cierre de 2026.
Bolivia no solo lucha contra un mosquito; lucha contra la lentitud de sus instituciones. Los 5.371 casos son un grito de auxilio de un sistema que prefiere las estadísticas optimistas antes que la intervención de choque. La alerta roja en La Paz debe ser el último llamado antes de que la cifra de fallecidos siga escalando y el chikungunya se convierta en la marca imborrable de una gestión de salud que reaccionó cuando el cementerio ya estaba recibiendo a las víctimas.
El dato de cierre: Santa Cruz concentra el 83,7% de los casos de chikungunya y registra las 6 muertes confirmadas en lo que va del año.